- Beneficiarios de programas de empleo temporal declararon no haber recibido pagos
- Las listas de raya se firmaron en blanco, determinó el OSF
Aguascalientes recién supera la sequía más aguda registrada en las últimas siete décadas.
A mediados del presente aún había estragos. En mayo se optó por sacrificar 22 mil cabezas de ganado que ya padecían problemas alimenticios; además, con muchas presas en capacidad muerta, también hubo afectaciones sobre 125 mil hectáreas destinadas, principalmente, al cultivo de maíz y frijol.
La declaratoria de zona de desastre nunca fue emitida por la Secretaría de Gobernación.
El 8 de junio ya se hablaba de una bolsa federal de 15 mil millones de pesos para paliar los daños en varias entidades. Aguascalientes, anotó en entrevista el gobernador Carlos Lozano de la Torre, habría de arreglárselas con los remanentes, pues estados como Chihuahua, Zacatecas, Coahuila, San Luis Potosí y Durango tienen “dimensiones muchísimo mayores, (además de) problemas muchísimo mayores para enfrentar la sequía”.
No obstante circularon múltiples recursos, inclusive desde ejercicios anteriores.
En 2012 el municipio de San Francisco de los Romo fue partícipe del Programa Emergente de Sequías. Su operación derivó en irregularidades, según deja ver un reporte del Órgano Superior de Fiscalización (OSF).
“Los programas de Seguro Catastrófico y Apoyos a la Sequía 2012 tenían como objetivo diseñar una estrategia para aplicar de manera pronta, expedita y transparente los recursos, para mitigar las carencias y problemáticas del sector rural en el estado, todo esto a través de programas de Empleo Temporal”, reconoció la administración del priísta Francisco Guel Sosa en respuesta a las imputaciones del fiscalizador.
Luego de visitar “una muestra de beneficiarios” el OSF anotó que, contrario a los registros del Ayuntamiento, Reynaldo Delgado Reyes, de la comunidad de Loretito, decía nunca haber recibido una geobolsa con valor de 10 mil 150 pesos. Tampoco se le habrían pagado 544 pesos correspondientes a cuatro jornales en el campo.
En idéntica situación se encontró a Cirilo Silva Bais, residente de La Concepción.
Florencio de Luna y Rosendo Ramírez Martínez fueron contratados como jornaleros. Ellos también firmaron al OSF documentos “de no recepción de apoyos”.
Para el ejido del Barranco se destinó recurso del programa Apoyos a la Sequía. El comisario Jesús Gaytán Martínez dijo que nunca se pagaron 16 mil 320 pesos por la construcción de dos vertederos. Aseguró que a las tierras únicamente llegaron 20 sacos de cemento.
El OSF visitó en dos ocasiones el domicilio de Guadalupe González Saucedo. No se le localizó, pero su familia sostuvo el adeudo de cuatro jornadas y el faltante de una geobolsa para almacenamiento de agua.
El año pasado, el municipio de Rincón de Romos contrató 70 horas-máquina para siete desazolves en El Tepetate. Sólo se ejecutaron dos de éstos, refirió el comisario ejidal Genaro Jaime Méndez.
Las conclusiones del auditor dicen que las listas de raya fueron firmadas en blanco: “es decir, antes de llenar los jornales y los importes y aún antes de recibir el apoyo”.
Asimismo se encontró que un conjunto de cheques por pago de jornal, con valor de 171 mil 979 pesos, no fue girado a nombre de los beneficiarios, sino de Salvador Macías Martínez, secretario de Finanzas.
En 2012 se etiquetaron 90 mil pesos para desazolvar 20 bordos de distintas comunidades. Sólo se concretaron siete obras.
“Por lo anteriormente expuesto se demuestra una grave falta de coincidencia entre los reportes entregados por la Dirección de Desarrollo Social, la ausencia de planeación, supervisión y control en los trabajos realizados… y por ende, el pago al proveedor sin constatar los trabajos efectivamente cobrados”.
Según un acta circunstanciada, con fecha de 21 de marzo de 2013, el gobierno de Francisco Guel no pudo acreditar los procesos de adjudicación de productos y servicios como guardaganados, alambre de púas y postes para rehabilitación de cercos, cosechas de agua, contratación de maquinaria para desazolve de bordos, y adquisición de remolques con cisterna y motobomba.
“Solamente -dice el OSF- entrega un listado de proveedores sugeridos por la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial, sin membrete y carente de firmas del funcionario que lo sugiere”.
El gasto llegó a los 916 mil 969 pesos.
Foto: Gilberto Barrón.
