El arte público está profundamente vinculado a las vicisitudes de sus productores y receptores. En nuestra ciudad, los murales del palacio del gobierno, por ejemplo, contrastan con el discurso de las portadas de los templos; la versión laica de nuestra historia elaborada en el siglo pasado cuestiona el mensaje religioso virreinal. De acuerdo con este vínculo, el arte público más reciente señala la aparición de grupos sociales tradicionalmente excluidos del campo cultural: jóvenes de las clases bajas y medias bajas, que generalmente se expresan mediante el grafiti, como parte de las estrategias de prevención del delito establecidas por el gobierno municipal. Nuevos actores en un escenario complejo, que exige al gobierno adecuarse a los cambios y expresa de diversas maneras los conflictos entre los grupos de una sociedad cambiante y contradictoria.
En su Viaje a Termápolis (1937), en algún momento del siglo XIX, Eduardo J. Correa afirma que los únicos espectáculos en la polvorienta población forman parte de sus fiestas patronales. Actualmente las portadas de los templos, a veces con danzantes incluidos, ilustran tarjetas postales, pero casi nadie puede traducir su significado alegórico representado mediante símbolos desconocidos hasta para los creyentes de nuestra época. Constituyen los casos más obvios de arte público en la ciudad, sujeto a reinterpretaciones por parte de turistas o simples espectadores más o menos ilustrados en historia de la arquitectura.
Desde la aparición del libro de Correa, su quieta Termápolis de festejos religiosos se ha convertido en una ciudad en donde el gobierno o alguna de sus instituciones subsidian el arte público. Pero el proceso no ha avanzado sin momentos de tensión entre los grupos conservadores y la autoridad benefactora de los grupos más progresistas. El mural de Oswaldo Barra fue rechazado por las buenas conciencias del lugar, porque sentían que ofendía su fe; sin el apoyo del gobernador Douglas, la santa indignación de las personas tan hondamente ofendidas lo hubiera destruido. Mucho después, el pintor chileno realizó la segunda parte en otro muro del palacio de gobierno y nadie protestó por eso; si acaso, hubo algunos cuestionamientos estéticos (Salvador Camacho, Bugambilias, 2010, p. 126). Con los festejos de los centenarios, el oportunismo editorial y la exploración histórica independiente pusieron en tela de juicio la versión oficial de la historia y los perfiles de los héroes patrios, para regocijo de los conservadores cultos. Aquí ya nadie se espanta con el muralismo patrocinado por el gobierno. Su uso político lo ha insertado en el imaginario colectivo como ejemplo aceptable de arte público, aun para los creyentes, junto a ejemplos como los del Palacio Legislativo.
Sin embargo, el mundo se agita bajo la calma aparente. Una vez más el desempeño gubernamental ha puesto el arte público en el centro del debate, al incluir la realización de grafitis entre las estrategias para prevenir el delito. Mediante concursos organizados como parte de su programa de Seguridad y Convivencia Ciudadana, se realizaron murales en varios puentes de la ciudad. Estas iniciativas de un municipio progresista han abierto para los jóvenes espacios de expresión en la infraestructura generada por el crecimiento urbano. También como iniciativas independientes, como el proyecto Pinta tu raya, de Allain Grisel y Dr. Macabro, cuyo video, que puede verse en línea (http://www.youtube.com/watch?v=_TGRSeK80qk), cierra con el deseo de “un país donde no se inventen delitos”.
La dedicatoria/declaratoria responde al hecho de que, mientras el ayuntamiento considera el grafiti como una expresión juvenil digna de atención y, bajo ciertas condiciones, un arte urbano, el gobierno estatal se cuenta entre los 17 que en el país persiguen el grafiti como delito. Pero la política cultural de la ciudad no protege delincuentes: los grafiteros participan en los certámenes después de aceptar unas reglas que los “preservan” contra la acción de la ley. Fuera del concurso, pierden esta “protección”.
El artículo 153, capítulo VI del Código Penal para el Estado de Aguascalientes publicado en noviembre pasado, tipifica el grafiti como “atentado contra la estética urbana”, así como “la afectación, no sólo material, sino visual, de bienes inmuebles o muebles, públicos o privados, provocada por pintas, escrituras, dibujos, signos, tallones y/o gráficos de cualquier tipo, que modifiquen o alteren ostensiblemente su estructura o presentación originales”. La multa: “3 meses a 2 años de prisión y de 15 a 30 días multa, y el pago de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados”.
Así, aunque la Secretaría de Seguridad Pública del Estado busque opciones como la reparación de los daños para evitar el encarcelamiento de los detenidos, el grafiti es una expresión perseguida cuando aparece en estado “salvaje”, y aceptada por la autoridad sólo bajo condiciones controladas, como los murales en los puentes. Aun así, constituyen importantes avances para la cultura ciudadana. Y quienes no aceptan esta expresión como arte urbano forman parte de la Termápolis dormida bajo el polvo del valle.
Foto: Gilberto Barrón
