Inicio esta colaboración deseándole un Feliz Año 2014. Que el Creador lo colme de bendiciones lo mismo que a su apreciable familia.
Durante este año hemos sido testigos de grandes cambios desde el punto Constitucional para, nos dicen, modernizar nuestro país y volverlo más competitivo. Sin embargo a la par algunas de las disciplinas gubernamentales se han deteriorado de manera muy peligrosa, entre ellas la económica y la de seguridad. Me referiré a la segunda, pues la primera ya la hemos comentado en entregas anteriores y es la más sentida en los bolsillos de todos los mexicanos.
En materia de seguridad ha sido una noticia demoledora el hecho de que se cierre el 2013 con un sub-ejercicio del 88%, de acuerdo a declaraciones del presidente de la comisión de seguridad pública de la cámara de diputados. Esto nos hace ver que la certificación de los elementos de las policías a nivel nacional, de las 32 entidades federativas, tuvo un retroceso demoledor, pues significa que se está dejando la responsabilidad de la seguridad a las fuerzas federales, ya que el director de la Policía Federal, ante el presidente de la república, dijo que habían cumplido al 100% con la certificación de este cuerpo nacional de seguridad, con lo que se exhibe más la falta de cooperación de los gobiernos estatales que no han cumplido con esta ley, ya que no es una disposición cualquiera, es una ley de observación y cumplimiento obligatoria y se debe sancionar a los incumplidos, pues ponen en peligro las vidas y bienes de los ciudadanos.
El concepto tradicional de estado contempla como sus atributos esenciales la conservación de la soberanía nacional, la seguridad nacional, el control legítimo de la violencia, el territorio y la población estable y evitar a toda costa que sean puestos en riesgo estos principios. Por eso el anuncio del presidente de la república de que se va a implementar una nueva estrategia para combatir el secuestro y la extorsión, pues según los datos publicados los demás delitos han ido a la baja.
Sin embargo hay territorios como en municipios de Oaxaca, Michoacán y Guerrero que están bajo un estado de presunta excepción, pues las autoridades municipales están imposibilitadas para garantizar la seguridad y el orden en sus demarcaciones y los gobiernos estatales practican el disimulo y la irresponsabilidad ante estos hechos, permitiendo que el narcotráfico y el terrorismo en su facetas de secuestro y extorsión tengan a la población en estado de indefensión; y que grupos autonombrados “guerrilleros” y otros como cárteles criminales se hagan dueños de esos territorios, faltando estos dos niveles a sus obligaciones y responsabilidades, convirtiéndose en los llamados “gobiernos débiles” o “fallidos”, y la federación ha tenido, de manera subsidiaria, que tomar la seguridad en sus manos con los consabidos costos políticos y sociales.
La soberanía del estado está siendo socavada por estos grupos, en unas mantas que aparecieron en ocho municipios de tierra caliente en Michoacán, en donde un grupo criminal se atreve a denunciar que el asesor presidencial en seguridad, General Óscar Naranjo, está siendo el creador e impulsor de las policías comunitarias, para utilizarlas como dique de contención contra esos grupos delincuenciales; se dice que es una estrategia como la colombiana, de las fuerzas paramilitares llamada “Autodefensas Unidas de Colombia”, que en un principio fueron auspiciados por las mismas sociedades, que ante la ausencia del gobierno tomaron la determinación de defenderse a través de estos grupos; al final estas milicias se volvieron en contra de sus generadores, por lo que creo que el gobierno federal no debe dejar pasar esto sin explicar a la población en qué forma va a recuperar la paz y tranquilidad estos territorios y cuál será el papel de la sociedad.
Los gobiernos municipales y estatales están obligados a reinstaurarse y cooperar como es su obligación, o renunciar y ser sujetos de la ley de responsabilidades y las que de eso se desprendan, y buscar implementar las estrategias que siempre se han dicho deben ser primordiales, a saber: Que se establezcan, como lo marca la ley general de salud, los centros estatales de prevención y tratamiento a los narco dependientes, como enfermos, no como delincuentes; reducción del suministro y disponibilidad de drogas ilegales; implementar de manera práctica la ley de lavado de dinero contra quienes son lavadores y no entorpecer el comercio y la industria tratándolos como tales; apoyar realmente a los campesinos, quienes por la situación económica en la que se encuentran se ven obligados a sembrar estupefacientes; revisar los métodos de obtención y análisis de información sobre los delitos de narcotráfico; lavado de dinero y subversión del orden público; extorsión y secuestro; atender realmente en su magnitud el fenómeno de la migración que se vuelve la fuente de sicarios y trata de personas en todas sus formas y finalmente la corrupción y la impunidad deberán ser desterradas.
Así de simple como parece, puede que sean buenos principios para recuperar lo que hemos perdido. Lo que nunca debemos de perder es la esperanza de un México mejor y de que nuestros hijos y nietos vivirán en un país más seguro y próspero.
Foto: Roberto Guerra
