- Igual que en IEA 2010 y 2013, en 2011 CEDH retuvo ISR indebido
- De 4,348 ciudadanos que se quejaron, sólo les hicieron caso a 494
Igual que en el Instituto de Educación en 2010 y 2013, en 2011 la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) retuvo indebidamente a sus trabajadores Impuesto Sobre la Renta, mientras que cada una de las 494 recomendaciones -de cuatro mil 348 quejas- de una “década perdida”, costó al erario 214 mil 651 pesos.
El presupuesto asignado a la CEDH del año 2002 al 2011 fue de 106 millones 38 mil pesos, reveló la Cuenta Pública del último año citado, en la que el Órgano Superior de Fiscalización (OSF) atribuyó a la defensoría del pueblo un 11.4% de eficiencia.
En el primero de los años de la citada década se asignó a la CEDH siete millones 520 mil pesos, 301 mil pesos más en el segundo; pero 107 mil menos en 2003, aunque se repuso al año siguiente con nueve millones 284 mil; en 2005 aumentó en 186 mil, y al siguiente año en 384 mil más; en 2007 recibió 12 millones 284 mil; 14 millones 530 al año siguiente, y 13 millones 658 mil en 2010.
En el mismo orden, el total de veces que los ciudadanos se sintieron ofendidos y acudieron a quejarse a la CEDH fue: 476, 455, 525, 695, 470, 348, 295, 348, 343 y 393, para sumar un gran total de cuatro mil 348 quejas; que se tradujeron en sólo 494 recomendaciones, en orden igual: 81, 96, 59, 102, 21, 49, 18, 19, 28 y 21.
Datos revelan que en los tres últimos años de la administración de Felipe González se le llamó la atención en 226 ocasiones, y a la de Luis Armando Reynoso Femat 384 veces en todo su sexenio.
De 2011 a la fecha disminuyeron considerablemente las recomendaciones de la CEDH al cerrar 2013 con sólo siete; es decir, en aquél año emitió 18 recomendaciones y 14 en el segundo, para totalizar 39 en los últimos tres años.
El OSF pidió al ombudsman “justificar jurídica y documentalmente el motivo por el cual, con un presupuesto que se ha venido incrementando cada año, ¿por qué emitió en el ejercicio 2011 únicamente 21 recomendaciones?”.
La Comisión respondió, luego de citar los ordenamientos jurídicos correspondientes, nacionales e internacionales, que en la: “protección y promoción de los derechos humanos, que rigen las actividades de este órgano no jurisdiccional protector de los Derechos Humanos, no existe obligación o vínculo de relación entre el presupuesto ejercido con el número de recomendaciones emitida”.
Omar Williams López Ovalle argumentó en su defensa que “el presupuesto de la institución defensora de los derechos humanos del estado de Aguascalientes, tiene además de sus funciones de recepción de quejas, el de la promoción, divulgación y educación de derechos humanos, de la cual también se ejercen los recursos, tal y como lo puede comprobar este órgano fiscalizador”.
El OSF no se anduvo por las ramas, dictaminó: “Valoración del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes: Tomando en cuenta las manifestaciones del ente fiscalizado, así como la documentación exhibida, se tiene como NO SOLVENTADA la presente observación…”, así, con mayúsculas, como para hacerse escuchar.
Y añade: “El ente fiscalizado no justifica jurídica y documentalmente el porqué emitió en el ejercicio 2011 únicamente 21 recomendaciones”.
Sin embargo, la Comisión de Vigilancia de la LXI Legislatura, que presidía Arturo Robles Aguilar, entró al quite: “considera que no es procedente, en virtud de que no existe fundamento legal para ello”. Se refería a la actualización de los resarcimientos y dictaminó revisada la cuenta pública de la CEDH 2011.
También se ordenó que el ente fiscalizado diera vista al órgano de control correspondiente, para deslindar las responsabilidades administrativas y demás que resulten procedentes en contra de los funcionarios responsables por el manejo indebido de las prestaciones económicas autorizadas, así como por el manejo incorrecto del cálculo de ISR y su incumplimiento de pago ante el Servicio de Administración Tributaria; de quienes determinaron el cálculo incorrecto del ISR y quienes autorizaron los donativos y proporción casa habitación, sin haber un plan de previsión social”.
Foto: Gilberto Barrón
