Los Derechos Humanos en Aguascalientes, contra lo que pueda pensar el gobernador, su jefe de gabinete, sus diputados o el ombudsman en turno, es un instrumento político del estado cuya función es decidir a quién reconocerle esos derechos o a quién negárselos. El ejecutivo estatal José Carlos Lozano de la Torre nunca ha asumido la obligación y el deber de respetar, proteger y realizar los derechos humanos en la entidad que dice gobernar. Por el contrario, sistemáticamente interfiere en el disfrute de esos derechos y los limita a tal grado que es omiso en su protección y flagrante encubridor de muchos abusos. Si algo caracteriza a su administración es la constante violación a los derechos humanos de aquellos que acuden a él para que se les procure justicia. En su gobierno ningún ciudadano se ampara en la Declaración Universal de Derechos Humanos porque nadie nace libre e igual en dignidad y derechos. En Aguascalientes los Derechos Humanos son fácilmente renunciables y jurídicamente no exigibles. Si de derechos civiles y políticos se trata, sólo unos cuantos los disfrutan. Y si son derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho al trabajo, educación, recreación, vivienda y seguridad social, sólo una minoría tiene acceso a ellos. Privar a la inmensa mayoría de estos derechos niega los derechos colectivos como el derecho al desarrollo y libre determinación. Sale sobrando entonces que la no discriminación sea un principio transversal en el derecho internacional de los derechos humanos. De qué sirve que nuestro país tenga el sistema de defensa y protección no jurisdiccional de los derechos humanos más amplio del mundo si los organismos encargados de salvaguardar esos derechos sirven a intereses de los gobernantes. En la mayor parte de las entidades del país las comisiones estatales de derechos humanos son ventanillas de quejas, costosas y burocráticas que todo defienden menos los derechos humanos. La CDH en Aguascalientes, no es más que una agencia de colocaciones de los partidos en el poder que maneja a su antojo el gobernador del estado que nada sabe de evaluaciones o proyectos de trabajo en materia de derechos humanos. Desde que asumió el poder ha sido incapaz de adoptar medidas apropiadas para prevenir la tortura. Las innumerables quejas para que se investiguen a fondo los casos de tortura, malos tratos y uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y las fuerzas de seguridad duermen el sueño de los justos y las víctimas lejos están de llevar a los responsables ante la justicia. No hay autoridad en Aguascalientes que investigue, procese y enjuicie los abusos sistemáticos de los policías ministeriales al mando del “Torturador General de Justicia en el Estado”. Tortura, desapariciones forzadas, detenciones y ejecuciones extrajudiciales son el pan de cada día en la institución encargada de procurar justicia.
En Aguascalientes se incumple la ley en materia de derechos humanos ante la falta de una investigación rigurosa e independiente que atienda de manera pronta y expedita las denuncias de tortura que en su mayor parte pesan contra policías ministeriales y que se cuentan por cientos. Si al ejecutivo estatal no le interesa velar el cumplimiento de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, al Congreso del Estado y sus diputados leguleyos menos. A ninguno de los dos poderes les importa garantizar el pleno cumplimiento de todas las obligaciones contraídas por México en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y los demás tratados internacionales de derechos humanos. Revisar la legislación vigente que sigue siendo incompatible con esas obligaciones no será una tarea de la actual Legislatura. Conocer el nombre de quien será el próximo ombudsman en el Estado cuando sabemos que será omiso en el acompañamiento de las víctimas de abusos, da lo mismo si es Chana o Juana, a final de cuentas el gobernador decide en materia de derechos humanos y de humanos sin derechos en Aguascalientes.
