- iPads no fueron robadas, pues su posesión no requirió violencia
- Factible la restitución de los aparatos, argumenta abogado
Los integrantes de la LXI Legislatura del Estado, que dejaron el cargo en posesión de la tableta electrónica proporcionada por el Estado, pudieron cometer uno de los delitos considerados como no graves.
Aún con la interrogante de las condiciones en que fueron entregadas las 27 iPads: comodato o tenencia definitiva, La Jornada Aguascalientes consultó la opinión de un abogado, al cual se tratará, por solicitud expresa, en anonimato.
“Vamos a manejar el supuesto de que se las dieron para desempeñar su trabajo. Si partimos de la base de que se las dieron para desempeñar su trabajo, al concluir sus funciones había una entrega-recepción… si se las apropiaron indebidamente no es que las hayan robado o sustraído, bien pudiera darse el delito de abuso de confianza”.
La comisión de un robo, señaló, quedaría descartada, pues los aparatos no llegaron hasta los legisladores luego de acciones furtivas o violentas.
“Se los dieron en su propia mano, por eso no se puede calificar como robo; partiendo, desde luego, de que se los hayan dado para trabajar, sería un delito de abuso de confianza. Lógicamente no es considerado como un delito grave”.
En 2011 el Poder Legislativo de Aguascalientes, a través de un Comité de Administración presidido por el priísta Kendor Macías Martínez, se planteó la meta de ahorrar papel y tinta. En enero llegaron 14 iPads procedentes de una donación; las otras 13 fueron adquiridas con dinero público y su costo grupal, superior a los 161 mil pesos, se cubrió a través del recibo del benefactor Teléfonos de México.
Para extinguir las irregularidades, dijo el mismo abogado, bastaría con devolver las pantallas.
No obstante, añadió que “pudiera caber una responsabilidad de servidores públicos, la Secretaría de la Función Pública, anteriormente la Contraloría, también les pudo haber iniciado un proceso por haber dispuesto de material que forma parte del patrimonio de Gobierno del Estado”.
Para detallar su opinión jurídica, mencionó, sería necesario saber si los antiguos diputados firmaron un vale de resguardo, y bajo qué condiciones lo hicieron.
–Lo que hemos podido confirmar es que los aparatos ni siquiera estaban inventariados.
–Si no estaban inventariados ¿cómo van a acreditar? Vamos a suponer: ¿Quién recibe el agravio por la mala disposición de esos aparatos? Para que un representante legal de Gobierno del Estado pueda interponer una denuncia ante la autoridad competente, que en este caso pudiera haber sido la Procuraduría, lo primero que le requerirían sería que acreditara fehacientemente la propiedad.
Mencionó que la propiedad de las iPads es un tema a investigar.
“Aunque no haya factura habría que ver con qué presupuesto se compraron, si era dinero del gobierno”.
–Fue dinero público.
–Si fue dinero público lógicamente tuvo que haber una partida.
–Partiendo del supuesto de que las obtuvieron a préstamo, ¿únicamente habría que perseguir el abuso de confianza?
–Sí, solicitando la reparación del daño. Sería la restitución del precio de esos aparatos o el aparato en sí, en las condiciones en las que los recibieron; habría que ver la marca, la capacidad.
Foto: Archivo LJA
