De política, una opinión
Movilización magisterial, desorden administrativo gubernamental
Abelardo Reyes Sahagún
Con motivo de la movilización magisterial de los días recientes, en que los maestros pararon labores en las escuelas y realizaron manifestaciones en la plaza de la patria y en las calles, observamos elementos importantes, para conocer y explicar la forma como la actual administración del gobierno del estado lleva a cabo sus responsabilidades de gobernar la sociedad de Aguascalientes. Los elementos mostrados permiten apreciar la mecánica y la importancia de la comunicación política que se está aplicando, que consiste en que lo que los ciudadanos vemos que sucede en el estado –como es el reclamo de los maestros-, no lo veamos como realidad, y que sí creamos que es realidad lo que las palabras del discurso político dicen.
Dicho de otra forma, los maestros responsabilizan al gobierno del estado de irregularidades en la aplicación de los recursos salariales, y el gobierno responde que es la federación la que no ha enviado dichos recursos, señalando específicamente, -según las palabras del gobernador del estado difundidas en los promocionales de los medios de comunicación-, que son faltantes del año 2012, es decir de la administración del gobierno federal anterior, y no del actual (expresión que también confirma la ineficiencia apuntada -ya que de ser cierta, indicaría que la actual administración estatal no pudo resolver el asunto durante los primeros trece meses de la nueva administración federal).
Aquí encontramos un cuadro interesante de análisis político, ya que, por un lado, se percibe el desorden administrativo que muestra el gobierno del estado, y, por el otro, éste responde cubriéndose de cualquier irregularidad manifiesta. Sin embargo y finalmente, la realidad de la movilización magisterial nos permite reunir en un mismo plano los dos elementos mencionados, con los cuales podemos darnos cuenta de lo que en el futuro -dentro de tres años y con el siguiente gobernador del estado-, será objeto de denuncias y, tal vez, de procesos penales.
¿Cuáles son los puntos de desorden administrativo, en este caso, reclamados por los maestros? Tomo algunos de los señalados en la inserción que apareció en algunos periódicos locales (8 enero), presentada por la Base Magisterial de Aguascalientes: faltas de pagos de la segunda parte de aguinaldo, del estímulo de bono sexenal, de rezonificación, y de estímulo a la calidad docente; cobro indebido de ISR en una quincena; irregularidad en el pago de carrera magisterial; el descuento de recursos y su no entrega al ISSSTE, al FOVISSSTE, aseguradoras, cajas de ahorros; y falta de pago de aguinaldo a personal que cubre licencias.
Lo delicado del escenario presentado con la movilización magisterial, es la confirmación de una forma de hacer gobierno, que parece estarse consolidando como actitud; es decir, los gobiernos cometen errores, no hay duda. Sin embargo, cuando no se da su corrección, y, además, la respuesta es encubrirlos, resulta una circunstancia diferente. La reacción del gobierno del estado parece basarse en la manipulación de la información, y no en las respuestas de realidad.
Considero que los maestros cuentan con información precisa; por lo que cuando la Base Magisterial de Aguascalientes, el Movimiento de Renovación Magisterial y el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de México, SITEM, coinciden en que las irregularidades salariales no tienen razón de ser (LJA, 10 enero), ya que de acuerdo a lo publicado en el Diario Oficial de la Federación, los recursos han llegado en tiempo y forma al gobierno del estado, los ciudadanos podemos considerar esta información como buena. Todavía más, la misma delegada de la SEP en el estado declaró a los medios de comunicación, a mediados de diciembre pasado, que los recursos que debía enviar la dependencia, ya habían llegado todos y completos, por lo que la federación no adeudaba recursos, confirmando, de esta manera, lo que hoy expresan las organizaciones magisteriales.
Observamos también que el problema magisterial no apareció el pasado lunes 6 de enero, sino que se viene arrastrando desde el año 2011, y no se corrigió ni en los años 2012 y 2013, y, encima el gobierno difunde que no es su asunto, sino del gobierno federal anterior, entonces tenemos un cuadro delicado.
La actitud del gobierno del estado continúa clarificándose, todavía más, cuando diputados de oposición solicitan la comparecencia del titular del IEA, y los priistas la niegan; cuando el diputado perredista, Cuauhtémoc Escobedo señala que el Congreso del estado tiene la responsabilidad de fiscalizar el uso de los recursos públicos, y el priista Jorge Varona responde que el Congreso no es instancia investigadora ni sancionadora (LJA, misma edición citada).
El hecho de, nuevamente, responder a las manifestaciones de ciudadanos -en esta ocasión los maestros- con la policía estatal y las patrullas ocupando la plaza de la patria -por instrucciones del gobernador del estado, según el secretario de Seguridad Pública-, muestra dicha forma de hacer gobierno ya, prácticamente, como actitud de la actual administración, lo cual resulta penoso.
El escenario político que vivimos en Aguascalientes representa un importante reto tanto para la misma sociedad, como para las fuerzas políticas de oposición; los diputados del Congreso del estado, de manera particular, juegan un papel ineludible para corregir defectos político-democráticos que ya son evidentes, ya que es el poder de gobierno que tiene las herramientas jurídicas apropiadas para encauzar la administración pública estatal.
Los diputados de oposición, junto con sus directivas partidistas, son los primeros que deben distinguir cómo está actuando el ejecutivo, para evitar entrar en su juego; la estrategia utilizada por el ejecutivo para inhibir la acción opositora y lograr su “colaboración”, es utilizar los recursos financieros y las relaciones públicas. Los recursos financieros son una fuerte tentación para todos, ya que se presentan bajo el esquema de “gestión social”, y el efecto de no deslindar una cosa de la otra, está llevando -así lo vimos con la anterior legislatura- a que el Congreso no haga su trabajo de revisión efectiva de las cuentas públicas. Esperamos de ellos buen trabajo.
