Toda la semana pasada, al igual que los últimos meses, uno de los temas nacionales ha sido la seguridad, y sobre todo el desarrollo de la inseguridad en el estado de Michoacán; todo esto debido a los hechos que desencadenaron el avance de los grupos llamados de auto defensa ciudadana. El desarrollo de estos grupos dio la impresión, en primera instancia, de que fueron tolerados por la autoridad, y lo más peligroso que fueron armados por las autoridades de los tres niveles y se vio como una estrategia de contener y atacar a los grupos de criminales. Esto como un fenómeno parecido al de los grupos “paras” -paramilitares de Colombia-. Lo anterior se ve como algo terriblemente peligroso en caso de que fuera cierto, pues tarde o temprano estos grupos se convierten en verdugos de la sociedad.
Lo que sí nos queda claro es que la ausencia de gobierno en estas regiones generó la corrupción e impunidad que permitieron los tres órdenes de gobierno, lo que propició que la sociedad se diera cuenta que lo único que les quedaba para sobrevivir era defenderse y organizarse. Todo esto comenzó en Tepalcatepec, liderados por un doctor de nombre José Manuel Míreles, el cual hace algunos días sufrió un accidente de aviación del quel sobrevivió, pero en condiciones que lo mantendrán fuera de actividad aproximadamente dos meses; este personaje tuvo una protección extraordinaria durante su hospitalización, lo que hizo creer que verdaderamente contaba en sus actividades con la anuencia de la autoridad. Posterior a su accidente se comienza el avance de los grupos que se suponía los encabezaba el doctor Mireles.
La secretaría de gobernación a través de su titular lanzaron un aviso de que se tendrían que detener; posteriormente se les dijo que no deberían salir armados de sus comunidades y finalmente tomó la responsabilidad de regresar la paz y legalidad a ese estado el propio presidente de la República, al ordenar al gabinete en pleno se reuniera y cada uno interviniera en el estado de Michoacán para rehacer el tejido social en todos aspectos y nombra a uno de sus hombres de confianza como comisionado en el estado, el licenciado Alfredo Castillo ex procurador del estado de México y procurador de defensa del consumidor. Lo anterior fue después de sendas reuniones con el gobernador del estado, el cual en sus declaraciones públicas reconoció que sin la ayuda del gobierno federal sería imposible restablecer el orden.
Ahora el vocero del avance de las acciones en Michoacán no es ningún funcionario del gobierno estatal, sino el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el licenciado Monte Alejandro Rubido, quien informó que las acciones de seguridad se realizan en 20 municipios; ahora falta ver qué están haciendo frente a este problema los demás secretarios de estado.
No debemos de olvidar que el monopolio de la fuerza lo debe tener siempre el estado en bien de la sociedad, haciendo que existan sin limitaciones el estado de derecho, la legalidad, la paz social y el respeto a todas las libertades individuales que consagra nuestra Constitución, o sea los derechos humanos respetados a plenitud .
Pero veamos un poco hasta dónde llegó el problema. ¿De dónde sacan dinero los grupos criminales para operar y tener un arsenal mejor, o igual, al de nuestras instituciones de seguridad? No hace mucho se dijo que iba a ser rescatado por las autoridades policiacas, apoyadas por el ejército, el puerto de Lázaro Cárdenas, a la fecha no sabemos qué ha pasado con el operativo y a quienes han detenido y consignado; lo que sí sabemos es que en los ejidos cercanos a dicho puerto, desde hace veinte años se explota la extracción de hierro, entre otros minerales, y que de diez años a la fecha ha subido 1000% su precio, de $13 dólares en 2003 a $135 dólares en 2013. A pesar de este aumento de precio, la producción de octubre de 2003 al mismo mes de 2013 pasó de 1,300 millones toneladas a 4,300 millones de toneladas. A los ejidatarios porque dejaban explotar las minas en sus terrenos en 2011 les pagaban $3.30 dólares por tonelada. Esto no podía pasar desapercibido a la delincuencia organizada y en 2012 se daba a los comuneros $18,000 pesos mensuales por la explotación; posteriormente se les pagaron $33,000.00 pesos por mes, pero esto ya por la presión de la delincuencia organizada que se quedaba con la mayor parte de los pagos por “protección”, aparte de las extorsiones a las empresas explotadoras, derechos de vía y uso de piso. Todo esto con conocimiento de las autoridades, pero sin denuncias a causa del temor y porque la complicidad o inoperabilidad de la autoridad permitían que esto aconteciera. Esto quiere decir que el puerto es la “mina” que financia la mayor parte de los gastos y ganancias de los malos.
Las empresas que exportan el hierro al exterior son la mayor parte extranjeras y a pesar de esto no han protestado ante el gobierno federal, o si lo han hecho ha sido de manera que no han provocado una reacción como la que estamos viendo por la presión social estas, son: Arcelor Mittal, Geologix Exploration, Mittal Steel, Endeavour Silver Corp., Ahmsa, entre las más fuertes y ahora hay una noticia de que un grupo de chinos integrantes de una mafia explotan de manera ilegal el metal y lo envía fuera,!lo que nos faltaba!
Con todo lo anterior los secretarios de estado deben estar conscientes de que Michoacán no es sólo el problema de este estado sino la forma en que se resolverá el problema en varios estados que más o menos tienen el mismo problema y está de por medio la credibilidad nacional en esta administración encabezada por el Presidente Enrique Peña Nieto, quién tuvo él que tomar la responsabilidad directamente de este problema con el que nadie pudo antes.
