La reducción de ganancias detectada por Banamex en su ejercicio 2013, llevó al banco a buscar el origen de las pérdidas; Oceanografía fue una de las causas de sus problemas de recuperación de recursos, que, desde luego, se hubiera traducido en ganancias, circunstancia que, a su vez, fue detectada desde su matriz en los Estados Unidos, el Banco Citigroup, quien inició también sus investigaciones (Citigroup señaló haber encontrado 400 millones de dólares en préstamos incobrables en México, LJ, 4 abril).
El paso que dio el banco fue dirigirse con Pemex, seguramente, para preguntar por las más de 210 facturas que tenía en su poder, con las que Oceanografía logró los créditos; la presunta sorpresa que dio Pemex al banco fue, que esas facturas eran falsas. Pemex encuentra en el asunto de Banamex una importante veta política -dados los antecedentes ya existentes de Oceanografía-, y, tras unos rastreos, solicitó a la secretaría de la función pública, la sanción e inhabilitación de la empresa contratista, lo que detonó un fuerte escándalo político.
¿Por qué un escándalo político, si sólo se trata del combate a la corrupción? El primer aspecto sobre la aparición del asunto de corrupción en la empresa Oceanografía, dejado correr por los funcionarios participantes en las investigaciones, es la referencia abierta hacia las dos administraciones panistas, encabezadas por los entonces presidentes, Vicente Fox y Felipe Calderón.
En este contexto, lo que surgió a través de los medios de comunicación, después de que el procurador general de la república informó de la investigación del presunto fraude de Oceanografía por más de 585 millones de dólares y la intervención del Sistema de Administración y Enajenación de bienes Asegurados, fue la antigua historia de las cantidades de miles de millones de pesos contratados con la empresa en las dos administraciones anteriores, la expansión acelerada de una empresa nueva en el sector, atribuida a la influencia de los hijos políticos del presidente Fox, y la falta de conclusiones efectivas de las comisiones legislativas creadas para investigar y, en todo caso, sancionar a los posibles responsables.
Un segundo aspecto en el asunto, consiste en dos puntos: uno, que el actual director de Pemex responde ante comisiones de legisladores del Congreso de la Unión, que “toda la información relacionada con la investigación a Oceanografía es considerada reservada y confidencial y se maneja con sigilo y secrecía” (LJ, 11 de marzo); y, el segundo punto, es que el procurador general de la república, en esa misma comparecencia, sostuvo que “se busca una salida con las acreedoras de Oceanografía para que el escándalo termine ‘en un simple incidente penal, sin perturbar a la economía’ del país… (Además) explicó que la PGR no actuó de la manera habitual porque haber iniciado el proceso con órdenes de aprehensión contra los presuntos involucrados pudo provocar un daño a los 11 mil trabajadores de Oceanografía y a la operación de Pemex” (LJ, misma edición).
La pregunta, entonces, es ¿estamos, nuevamente, ante un caso en que sólo se procesarán a aquellos personajes involucrados que puedan ser incómodos a la administración federal? Porque, por un lado, el ámbito del escándalo se ha vuelto grande en el espacio de la opinión pública, y muy pequeño en el ámbito procesal-penal; por otro lado, el manejo gubernamental que se está operando, nuevamente evidencia que las autoridades pareciera que ‘no se dieron cuenta’ de lo que estaba sucediendo, hasta que Banamex detecta la reducción de sus ganancias esperadas (nuevamente, porque en el asunto, por ejemplo, de la expresidenta del SNTE, con una intensa y rápida investigación de la ‘unidad de inteligencia financiera’ de la SHCP, descubrieron manejos extraños con los fondos sindicales que, según la PGR, ameritaron la aprehensión inmediata de la dirigente, para procesarla con resultados, hasta hoy, inciertos; y, además, tuvieron que añadirle una defraudación fiscal del año 2008, para que no se les escape tan pronto).
En esta ocasión, las autoridades se están dando cuenta, hasta ahora, de que en la empresa existen contratos laborales irregulares, que los registros ante el IMSS están cambiados, que no ha hecho el pago de cuotas al IMSS desde hace tiempo, que lleva cuatro años sin pagar las cuotas al Infonavit, que el mantenimiento e inspección a sus embarcaciones es deficiente, que a algunos trabajadores no les han cubierto su salario desde el pasado mes de noviembre, que también la actual administración federal otorgó contratos a la empresa por más de tres mil millones de pesos sin darse cuenta de su situación legal presente, etcétera.
La activación del sistema político se da, por lo tanto, más para presionar a personajes políticos panistas, que para hacer justicia y limpieza de la corrupción existente; las razones aducidas, tanto por el procurador general de la república como por el director de Pemex, realmente, no se justifican, ya que indican con ello que el esclarecimiento de la corrupción en Oceanografía va a ser otra oportunidad perdida.
La transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información urgen, en este caso, a que la corrupción en la empresa contratista sea expuesta -con todo respeto por supuesto-, ante la sociedad mexicana; si prevalecen los sigilos y las secrecías antes de tiempo, para no dañar la economía del país, o, todavía peor, el poner a los trabajadores de por medio, cuando existen formas jurídicas para deslindar responsabilidades, la lucha contra la corrupción no pasará de las declaraciones comunes de “llegaremos hasta el fondo, caiga quien caiga” (declaraciones con las que muchos de nuestros periodistas se dan por satisfechos).
Si Banamex y Oceanografía deben responder por delitos como el lavado de dinero, el gobierno mexicano debe concentrarse en esos hechos, sin prestarse a la manipulación político-partidista, como parece ser ahora la directriz de algunos gobiernos priistas en los casos de denuncias y procesamientos penales. El nivel de desarrollo y calidad política-democrática se aprecia en casos como éstos.
