En los próximos días en el Poder Legislativo se pondrán a prueba las capacidades de los grupos parlamentarios en la búsqueda de consensos con la finalidad de discutir y procesar una serie de reformas constitucionales y de leyes secundarias que hacen falta para que las reformas puedan ser aplicadas.
Por ejemplo, la reforma constitucional en materia de Telecomunicaciones que llegó al Senado consta de 46 capítulos, 16 títulos, 312 artículos y 22 artículos transitorios, y al mismo tiempo las tan controvertidas leyes secundarias de esta reforma. Varios legisladores han declarado que esta reforma va con dedicatoria para beneficiar a los grandes consorcios o monopolios, como se les quiera llamar, y ya antes de comenzar el proceso legislativo se está formando un grupo de legisladores que de entrada estarán en contra de la iniciativa que envió a esa soberanía el Presidente de la República, aún en contra de las declaraciones del secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, de que no van a vulnerar la esencia de la reforma; los legisladores opinan diferente y seguramente estarán dispuestos a rechazarlas o bien, a modificarlas, de manera que sí tengan el efecto para lo que fue aprobada la reforma.
Otro de los grandes retos en la mesa de discusiones es la elección de once consejeros para que manejen el Instituto Nacional Electoral (INE). Actualmente se sabe que existe una lista de 50 prospectos para esta función, y de ahí los diputados han marcado la fecha del 8 de abril para llegar a acuerdos, en caso contrario los consejeros se elegirán por sorteo, lo cual sería una mala señal de lo que es el trabajo legislativo. Debemos recordar que la Reforma Electoral está conformada por 185 artículos, los cuales deberán ser reglamentados y están compuestos por temas tan delicados como la regulación de la propaganda oficial, los casos en que se podrán declarar la nulidad de las elecciones, la forma de garantizar la paridad de género, los tiempos de permanencia de los consejeros y, sobre todo, la forma de relacionar el trabajo del Instituto al organizar las elecciones federales con las estatales y municipales; como se ve, será un trabajo muy arduo y delicado.
Ahora que se aprobó el seguro universal de desempleo y la ley de pensiones, tanto la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Unidad de Evaluación y Control (UEC) de la Cámara de Diputados, pusieron en la mesa de discusiones un problema que cada día se agrava y que no se podrá posponer por mucho tiempo y es que se debe prever el pago de pensiones de 18 millones de trabajadores que se jubilarán bajo el régimen de la ley del Seguro Social de 1973 y para lo cual se necesitarán seis billones de pesos. Debemos recordar que no existe fondo de pensiones para este rubro y actualmente se pagan las pensiones del presupuesto de gasto anual del gobierno federal, esto sin tomar en cuenta los 32 millones de trabajadores que aceptaron el sistema de pensiones con la ley del Seguro Social de 1997, lo cual será otro problema más. Lo anterior, con responsabilidad social, los diputados deberán abocarse a este gravísimo problema que, de no atenderse, pondría en riesgo nuestra estabilidad como país.
Otro tema que no está siendo atendido debidamente es el llamado de la ONU para que México elimine definitivamente la figura de arraigo, pues va en contra de todos los convenios en materia de Derechos Humanos que tenemos firmados a nivel internacional; con esta acción en México se está privilegiando la ineficiencia de las autoridades judiciales sobre los derechos de los Mexicanos.
Creo que no debemos perder de vista estos retos, pues si son mal manejados o, lo que es peor, soslayados, nuestro entorno se verá afectado de manera negativa. Así que presionemos para que nuestros representantes realicen una buena labor legislativa, pues tienen estos grandes retos y obligaciones, entre otros que ya comentaremos.
