La Cámara de Senadores aprobó esta semana una reforma constitucional con 106 votos a favor -la totalidad de los presentes en la sesión-; esta reforma acota, según ellos, el fuero militar pues modifica lo siguiente: el Código de Justicia Militar; el Código Penal Federal; el Código Federal de Procedimientos Penales; la Ley orgánica del Poder Judicial Federal y la Ley Sobre Readaptación Social de Sentenciados.
Estas reformas se originan debido a las demandas presentadas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre ellas las de Rosendo Radilla de 2009, en la que se acusó a militares de su desaparición en el año de 1974 y una sentencia de 2010 de Inés Fernández y Valentina Rosendo; y la sentencia de 2011 en que son afectados Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera. Esto provocó que en el año de 2011 el Congreso de la Unión aprobara una reforma constitucional en la que se ordena que las leyes mexicanas se adecuen a las leyes internacionales de acuerdo a los convenios firmados en ese rubro por nuestro país, entre ellos los referentes en materia de derechos humanos, con los antecedentes antes mencionados. Debo hacer mención que esta reforma está pendiente a la fecha, en virtud de que las dos cámaras deberán aprobarla y es el caso de que la reforma aprobada, que le comento líneas arriba, deberá ahora pasar a la cámara de diputados y ser discutida, reformada o bien aprobada por la misma para que pase al Ejecutivo para su promulgación.
Con las reformas a estas leyes, cuando los militares violen los derechos de civiles deberán de ser juzgados por tribunales del fuero común, lo cual creo que viéndolo fríamente, como están las cosas en muchos juzgados y en algunos estados, los que sean consignados ante esas autoridades les estará beneficiando, por la corrupción y la impunidad que priva en esas esferas de la justicia, y que en muchos casos actúan por consigna y no por aplicar la ley y fortalecer el estado de derecho; en el caso de los tribunales militares, éstos se caracterizan por ser muy duros en la aplicación de la ley. Ahora cuando un militar pague sus culpas en prisiones del fuero común o federal y no en prisiones militares, imagínese usted la tentación o la presión que tendrán para que se integren a grupos de extorsionadores o secuestradores, que impunemente operan en esos centros de “readaptación”, pues todo mundo sabe que la mayor parte de las llamadas de extorsión se hacen desde esos centros.
Las violaciones a los derechos de civiles por elementos castrenses se ha incrementado a raíz de que se pidió a las Fuerzas Armadas Permanentes se hicieran cargo de la seguridad pública en el país y en menor grado que auxiliaran a policías municipales y estatales a conservar el orden, o bien a base de retenes erradicar la delincuencia en la mayor parte del país. Ha habido inclusive cuerpos completos de policías que se han declarado en huelga y se pide al ejército que se haga cargo de la seguridad y que requise las armas mientras se arreglan los problemas laborales, que normalmente son por los bajos salarios, limitación de entrega de uniformes o la presión de entrega de “cuotas” a los superiores. Todo esto aunado a que en la mayoría de los estados y municipios no han cumplido con lo que obliga la ley de Seguridad Pública Nacional en cuanto a depurar, profesionalizar y regular los salarios de las policías en los dos niveles, pues hay presupuesto para todo pero no para pagar lo justo a los cuerpos de seguridad.
La noticia es que el Senado decidió acotar el fuero militar, sin darse cuenta que gran parte de la responsabilidad en materia de seguridad está en las autoridades civiles de los tres niveles, que no han sabido, o querido, cumplir con su deber, obligando a una emergencia en seguridad, en donde lo más fácil ha sido involucrar a las Fuerzas Armadas Permanentes y ahora con estas medidas parece que se quedarán en definitiva como policías, cuando esa no es su misión ni su formación. Se había dicho que estarían provisionalmente y por un tiempo determinado apoyando las labores de seguridad. Pero por lo que se ve les dejarán esa tarea de manera permanente. Sin embargo en la modificación a las leyes a través de esta reforma no se prevé castigos a las autoridades civiles que propician el crecimiento de la delincuencia y que no han cumplido con la ley que los obliga a dar seguridad pública a la sociedad, es más fácil poner en el banquillo a los que están sosteniendo la seguridad en el país. ¡Vaya cosa!
