- La reforma federal en materia de telecomunicaciones les ofrece ser los vigilantes de ambos prestadores de servicio
- Pide realizar sanciones que no sean equiparables a lo que establece en la actualidad la ley, sino a lo que dicte el Ifetel
Luego del retraso en la discusión de las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones tras la reforma federal, la titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Lorena Martínez Rodríguez, destacó que esta reforma es muy importante para la dependencia, pues junto al Ifetel se le ofrece más responsabilidades que podrán mejorar su intervención en las quejas de la ciudadanía.
Para la funcionaria, la ley secundaria en telecomunicaciones representa un gran avance para tener acceso de la telefonía celular y la televisión de paga de manera transparente y con bajos costos; sin embargo la dependencia ha demandado, y seguirá haciéndolo tanto a la Cámara de Senadores como a la de Diputados, que resulta insuficiente tal responsabilidad si no se tienen los instrumentos necesarios para poder defender cabalmente los derechos de los consumidores.
Ello significaría darle mayor facultad en el rubro de las sanciones para que puedan aplicarlas de manera más fuerte, “sin esos dientes que desde años atrás la Profeco ha pedido, nunca podremos enderezar a quien no hace lo correcto y hace prácticas desleales”.
Dicha petición se vislumbra entre los senadores y legisladores federales; por su parte se ha puesto comunicación directa con la Consejería de Presidencia, en la Secretaría de Economía y en el Congreso de la Unión; específicamente solicita realizar sanciones más severas que no sean equiparables a lo que establece en la actualidad la ley, sino a lo que dicte el Ifetel, para que de esa manera se aumenten los costos de las sanciones pues son empresas extremadamente grandes que al multarlas con cuatro o cinco millones de pesos no sienten que se trata de un castigo, pero si la Profeco puede aumentarle a 50 o 60 millones como mínimo, las empresas de este rubro pensarán dos veces antes de afectar los derechos de los consumidores.
Foto: Archivo LJA
