- El Senado aprobó una contrarreforma, asegura René Bejarano
- Fernando Herrera afirma que los intereses colectivos quedaron sobre los de grupo
El Senado no aprobó una Ley General de Telecomunicaciones, sino “una contrarreforma constitucional”, aseguró el perredista René Bejarano al apuntar que el dictamen recién votado atenta contra varias garantías establecidas por la Carta Magna.
El documento “fortalece los monopolios mediáticos e invade la privacidad de las personas porque le da facultades al gobierno, sin mandato judicial, de intervenir las comunicaciones telefónicas, los mensajes de texto y los correos electrónicos. También les da facultades para intervenir la señal por internet, creemos que eso es una censura”.
Durante el inicio del periodo extraordinario que inaugurará hoy mismo la Cámara de Diputados, dijo, se verán los primeros movimientos para promover una acción de inconstitucionalidad.
“Creemos que la ley aprobada contraviene a la Constitución. La Constitución claramente establece que la preponderancia se definirá por servicios y no por sector, debe haber mayor competencia en todos los ámbitos, no sólo en telefonía, sino en radio, internet, en televisión abierta”.
El dirigente de Izquierda Democrática Nacional añadió que tanto el derecho a la información como el derecho a la libertad de expresión deben quedar garantizados.
Fernando Herrera Ávila difundió que la Ley General en Telecomunicaciones es “una clara muestra” de cómo la Cámara Alta colocó los intereses sociales sobre los personales.
El senador por Acción Nacional destacó la eliminación de los cargos por larga distancia nacional en llamadas desde teléfonos fijos y móviles, por consulta de saldo y por cambio de compañía. No dejó de citar la aparición de dos nuevas cadenas televisivas.
Entre los “beneficios tangibles” enlistó la posibilidad de utilizar chips de distintas compañías en un mismo teléfono, y que la vigencia de las recargas ya no será de 60 días, sino de un año.
Martín Orozco, copartidario y compañero de Herrera, comentó este 4 de julio, que la legislación secundaria en materia de telecomunicaciones atentaba contra la libertad de expresión, además de favorecer a los monopolios de la televisión.
“A la hora de aprobar las leyes, nos olvidamos de los compromisos con la sociedad y anteponemos intereses personales que nos hagan permanecer en el poder, en curules o escaños, conservar amistades y llenar los bolsillos con negocios propios a costa de la sociedad”.
