- La iniciativa de creación de Ley para la Protección a Víctimas del Delito tiene el consenso de la Comisión de Justicia
- Establece como obligación del estado darles atención sicológica, médica y asesoría jurídica
La Comisión de Justicia dio entrada a la iniciativa presentada por Jesús Rangel de Lira en la sesión ordinaria pasada del Pleno, la cual especifica la creación de la Ley para la Protección a Víctimas del Delito como parte de la homologación de la Ley Nacional de Víctimas del Delito.
Su promotor detalló que se trata de un reconocimiento a las víctimas de un delito pues en las procuradurías a través de los ministerios públicos, entran a un proceso a partir de la denuncia pero se olvidan de las afectaciones emocionales, sicológicas y daños a la propiedad.
En sí, el documento es un catálogo mínimo de derechos humanos con aspectos muy característicos que deben de cuidarse cuando existe una víctima de delito, “se establece como obligación el que las víctimas reciban atención sicológica, médica y asesoría jurídica, que le dicten un camino a seguir a la víctima, pues en muchas de las ocasiones están en shock. Todo ello se plasmaría en la legislación ya que la situación de la inseguridad en México ha ido en aumento y las víctimas no reciben atención por parte de Gobierno del Estado.
Entre otras cosas, se establece como derecho el que la víctima pueda aportar pruebas que sean tomadas en consideración tanto en la investigación como en el proceso, así como también la confidencialidad de la víctima, por ejemplo en un caso de violación sexual, la persona tiene una doble victimización, por un lado es el hecho y por el otro su publicación de los medios, “en este caso ya no sabemos si le afectó más la violación o que se expusiera en medios locales”, en este concepto, se estaría aplicando la confidencialidad de la identidad de la víctima si la persona lo pide.
Rangel de Lira aseguró que el cabildeo va “muy bien” pues los integrantes de dicha comisión están comprendiendo la importancia que tiene este tema de la atención del estado y la obligación que tiene de resarcir esos daños, para ello se planea crear un fondo específico administrado por el Instituto Estatal de Atención a Víctimas del Delito, a través de una investigación para determinar la procedencia o no del caso.
La creación de este instituto se sigue dialogando en comisión, sobre todo para determinar a qué instancia pertenecería, si a la Secretaría de Gobierno, a la Procuraduría de Justicia o a la Comisión de Derechos Humanos.
En un plazo máximo de un par de sesiones se concluirá la elaboración del dictamen para presentarlo al Pleno, posterior a su aprobación se tendrán 60 días para la creación del Instituto y el fondo, el cual será cambiante según las partidas presupuestales de cada año.
