Sylvia Garfias*
Si quisiéramos aplicar los principios de la gobernabilidad al Congreso aguascalentense: eficacia, legitimidad y estabilidad, sin duda estaríamos frente a una situación que pondría en entredicho la actuación de la presente legislatura. En este tenor, nos encontraríamos frente a un escenario de vulnerabilidad en uno de los poderes del estado, lo cual significaría un asunto digno de atención para las fuerzas políticas, especialmente la mayoritaria, toda vez que en el ámbito colectivo, donde se desarrolla la opinión pública como eje de cohesión social y soporte de la legitimación o no para la política, surgen en más de un sentido, focos que alertan la desaprobación, por más intentos maniqueos de que estamos en la tierra de la gente buena, donde nada sucede.
Al cierre del primer periodo, en palabras de la entonces presidenta de la Mesa Directiva, se aprobaron 29 iniciativas las cuales representaban el 33 por ciento de las heredadas por legislaturas anteriores, lo que significaría una herencia de cerca de 87 iniciativas con las que comenzó esta legislatura.
Así concluimos el segundo periodo ordinario de sesiones, con un rezago nada digno del orden de medio centenar de iniciativas de legislaturas anteriores, sin dictamen ni votación. Por parte del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, se tienen 27 iniciativas de las cuales, se han dictaminado sólo cuatro, y eso, ante el inevitable apremio de su naturaleza (Ley de Educación, Reforma Político Electoral, Ley de Ingresos de Aguascalientes y un cambio de denominación del Instituto de la Juventud a Secretaría de la Juventud), procedentes de otras fuerzas políticas, se encuentran en el portapapeles otras 18 iniciativas, lo que suma más o menos la friolera de 90 pendientes en cartera.
Por su parte, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN) registra un avance de 40 por ciento de su plataforma en cuanto a iniciativas presentadas, no obstante, de nada sirve la presentación, sin análisis, dictamen ni aprobación del pleno, como sistemático bloqueo donde el interés público queda supeditado a la autoritaria postura de “quién puede más”.
Al final, son sólo números, pero son los números los que en tiempo de elecciones inclinan la balanza, números que tienen detrás, historias de vida, personas con circunstancias muy particulares para quienes podría ser determinante el sentido del marco legal desde su perspectiva.
Dos periodos legislativos son más que suficientes para cruzar la curva de aprendizaje en el desempeño como representantes ciudadanos y cumplir el propósito para el cual nos postulamos, o bien, para retribuir a la oportunidad en el caso de quienes accedieron por vía plurinominal. También lo son para comprobar que la imposición es una práctica anacrónica y absolutista que ha sido históricamente ineficaz para construir sociedades participativas y desarrolladas.
Sin duda, la reforma electoral, como saldo positivo de este segundo periodo de sesiones, es un ejemplo de acuerdo y consenso, que bien podría ser el distintivo de los periodos por desarrollarse para propiciar eficacia, legitimidad y estabilidad en el Legislativo, después de todo, como ejercicio dejó en claro que no hace daño poner en la mesa distintas visiones, debatir, increpar, usar la razón y los argumentos para dar cauce al ritmo legislativo que la sociedad demanda, pues temas como la revisión de las cuentas públicas anteriores, la Ley de Ingresos para 2015, dar un formato a la Glosa de los informes de gobierno que permita un verdadero análisis, por citar ejemplos, son temas que pondrán a prueba la madurez política y el compromiso de los legisladores por estar a la altura de la democracia que ya se avizora a nivel federal, pues la gobernabilidad es y ha sido en gran medida, responsabilidad de la fuerza mayoritaria, que tiene en la mano la sartén de la legitimidad.
*Legisladora y periodista. Comunicóloga de profesión, ha dedicado gran parte de su vida a conocer, estudiar y difundir el acontecer de los actores sociales en Aguascalientes y, ahora como diputada, a defender el interés colectivo para establecer un marco legal justo y fiscalizar que las instituciones de gobierno hagan su trabajo.
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