La noche del sábado 23 de agosto circulaba sobre Quinta Avenida en el crucero de la central camionera, pasadas las nueve treinta de la noche. Al pasar un semáforo que parpadeaba de luz amarilla a roja, elementos de la Policía Estatal me indicaron que detuviera el vehículo, cuando el oficial se acercó a mi ventana me indicó que había cometido una infracción de tránsito al cruzar en una supuesta luz roja.
Se me solicitó mi licencia de conducir y mi tarjeta de circulación, las mostré sin problema. El policía me dijo que era necesario practicar una prueba de alcoholímetro, a lo que accedí de inmediato; pasados alrededor de treinta minutos a la espera del médico encargado de practicar el examen etílico, el oficial me comentó que por el momento no se encontraban disponibles doctores que pudieran hacer la prueba, por lo que tenía que llevarme a las instalaciones del C4, inmediatamente me hizo saber que tenía que abordar la patrulla numero 6740 de la Policía Estatal, en ese momento el oficial me comentó lo siguiente: “No puedes dejar tu auto aquí, ya viene la grúa para llevárselo”. Respondí que estaba teniendo una actitud autoritaria al actuar bajo un supuesto, ya que no había ninguna prueba de por medio que garantizara que me encontrase bajo los efectos del alcohol.
Se llevaron el vehículo, me trasladaron a las instalaciones del C4, en donde por un lapso de cuarenta minutos me tuvieron abordo de la unidad 6740, nuevamente a la espera del médico. En ese intermedio de tiempo me pude percatar de algunas situaciones que me parecieron dignas de resaltar respecto a múltiples comportamientos que tienen los policías ministeriales, estatales e incluso los municipales.
Me llamó ampliamente la atención que la mayoría de los detenidos, prácticamente son jóvenes, los cuales recibían gritos por parte de los policías del lugar, tales como: “¡Órale, cabrón!, ¡No me estés echando mentiras, güey!, ¡Muévanse todos como van!, ¡No me estés chingado!”, entre otras múltiples descalificaciones y maltratos, específicamente con los detenidos que tenían aspecto vulnerable.
Poco después por fin pude pasar con el médico, el cual constató lo que yo venía diciendo al oficial que me detuvo: no estaba en estado inconveniente, por lo que pasados los burocráticos procesos judiciales salí inmediatamente a la orden del juez al no haber elementos que justificaran mi retención. Lo curioso y a la vez lamentable son las reflexiones que me vinieron a la cabeza después de los abusos policiales que vi esa noche.
Si es que me pasé una luz en color rojo, ¿por qué nadie me hizo mi multa? ¿Dónde está el documento que el oficial estatal de nombre Ramón me tuvo que dar al momento de decomisarme el vehículo por una supuesta infracción de tránsito que resultó ser infundada? ¿Qué necesidad hay de que un servidor público pierda tiempo y recurso con supuestos?
¿Están los elementos de las distintas corporaciones policiacas recibiendo clases en materia de derechos humanos? ¿Son realmente efectivas? ¿Acaso los diputados encargados de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso del Estado han acudido tan sólo por curiosidad a ver cómo se manejan las detenciones de la policía?
El llamado es para las autoridades, no específicamente por una injusticia que se cometió contra mi persona, sino en general por las formas y modos que se llevan a cabo para realizar cualquier procedimiento policial o de tránsito. Recuerdo claramente que uno de los temas de Martín Jáuregui y todos los emisarios que están involucrados en derechos humanos, diputados, secretarios, asociaciones civiles, era justamente la capacitación a los policías para realizar su labor, no basta únicamente un uniforme para poder ser un servidor público íntegro, se requiere capacitación humana y un poco de sentido común para estar comprometido con semejante profesión.
