- Por medio de un portal en línea se mostrará información real sobre casos de violencia de género sin incluir a las autoridades
- El objetivo es desnaturalizar la violencia de género y al mismo tiempo sensibilizar a la población sobre este tema
La tarde de ayer, apoyado por el Instituto Cultural de Aguascalientes con el préstamo de las instalaciones del CIELA Fraguas, se llevó a cabo la instalación del Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes, el cual estará coordinado en red por organizaciones no gubernamentales, pero presidido por la Colectiva Feminista A. C. y el Instituto Superior de Educación Sexual (ISES).
A partir de la unión de varias redes de feministas, el ISES buscó el apoyo monetario del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) para la creación de este observatorio. Se basará en la creación de una plataforma en línea donde se mostrarán todos los casos, estadísticas, información, reportes y temas de interés sobre la violencia social y de género que se tiene en el estado y a nivel nacional, principalmente de violencia en el ámbito de la salud, violencia sexual, violencia feminicida, violencia económica y violencia relacionada con el crimen organizado; la plataforma ya se encuentra abierta para su consulta (http://www.ovsgags.org.mx)
Verona Valencia, activista feminista y colaboradora del observatorio, recordó que la violencia contra las mujeres se ha reproducido con mayor nivel y naturalizado por la propia sociedad y los gobiernos. Según estadísticas de activistas, en el país mueren en promedio entre 10 y 14 mujeres al día y nunca se dan a conocer los casos; en otros países como España, una muerte de una mujer por violencia de género es noticia nacional hasta que no se castigue al culpable, “el hacer un observatorio como éste es un primer paso para comenzar a sensibilizar a la población e ir creciendo el interés por la atención de estos tipos de violencia”.
A su vez, Marcela Martínez Roaro, presidenta de la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología (Femess), reconoció la existencia de varios esfuerzos de creación de observatorios de esta naturaleza, sin embargo debido a la falta de recursos y voluntad política no sobrevivieron, “ahora se tiene el reto, primero, de romper con esa invisibilización de la violencia de género; se medirán los niveles de violencia que hay en el estado y de qué manera se puede ir atacando”, de ahí la importancia que especialistas no sólo del sexo femenino se interesen por el tema.
La presidenta de este observatorio, Mariana Ávila Montejano, añadió que en mayo del 2013 se tipificó el feminicidio en el estado, pero el problema real es la falta de un protocolo que atienda el manejo, por parte de las autoridades ministeriales y de justicia, de los casos de violencia de género, siendo un obstáculo para la procuración de justicia y aumento constante de los casos no resueltos.
Las estadísticas comparativas con otros estados, por la densidad poblacional, deja a Aguascalientes en un 16% más arriba que la media nacional de casos de feminicidio, aunque las cifras no coinciden con las de la Procuraduría ni autoridades judiciales, “es aquí donde surge el monitoreo con ayuda de los medios de comunicación y asociaciones no gubernamentales”.
Dentro de los estudios se destacó que Aguascalientes se ha caracterizado por blindar la información sobre violencia de género, “las autoridades han dicho que no a muchos datos, por eso nunca van a coincidir las cifras”. Durante el estudio que hizo el Colegio de México junto con el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios, el estado figuró dentro de los once estados que aportó menos información.
Hasta el 2012 la PGJE manifestó el registro de un total de 254 casos de homicidios dolosos hacia mujeres, de los cuales, según el Observatorio, 147 se trataron de feminicidios, pero por el blindaje de información se negaron a reconocer el dato, asegurando que sólo existe un procesado por caso de feminicidio. “Ése es el problema, que siempre dicen que Aguascalientes es seguro y que nunca pasa nada”.
Este observatorio trabajará en red con otros nacionales que ya están instalados desde años atrás como el del Estado de México, Hidalgo, Guanajuato, Chiapas, Guerrero y Chihuahua, estos tres últimos solventados por recursos propios de las organizaciones civiles, sin apoyo del gobierno ni local ni federal.
