Esta semana se llevó a cabo un interesante diálogo sobre tortura y derechos humanos. No fuimos requeridos, pero nos implicamos porque el tema es de nuestro interés.
La tortura, según la Real Academia Española de la Lengua, es la provocación de grave dolor físico o psicológico infligido a alguien, con métodos y utensilios diversos, con el fin de obtener de él una confesión, o como medio de castigo. A usanzas de nuestra generación, recordamos típicas palabras como “tehuacanazo” para referirse a esas prácticas con agua mineral de manantial (de Tehuacán, Puebla) y que consiste en agitar la botella de vidrio e introducir el agua agitada por la nariz para provocar dolor. En ese mismo sentido, el cine mexicano cuenta unas “anécdotas” que rayan en el mito de la verdad o la exageración, y que fueron dibujando un país en que el autoritarismo generaba en términos de impartición de justicia, inocentes culpables(con tremendas formas de tortura cualquiera se confesaría de culpable), y de personajes típicos que fueron amorfizados por los medios de comunicación, sobre todo cuando los espacios de la libertad de expresión se fueron abriendo para decir las cosas.
En este comentario quisiera tocar dos debates: por un lado las afirmaciones de algunos y algunas que afirman que la tortura existe en todo el país y es una práctica común. Por otro lado la postura de quienes creen que los sistemas de impartición de justicia acusan a inocentes y tratan con demasiada parsimonia a los que sí son criminales. Es decir, los que quieren trato desigual para los desiguales.
El poder judicial mexicano, como cualquier sistema de impartición de justicia del mundo, tiene dos descripciones gráficas: un sistema estructural y uno funcional. En lo que se refiere al sistema estructural, es evidente que de los dibujos que pintaban en esas películas mexicanas de los setentas, a lo que hoy se tiene como sistemas de impartición de justicia, hay una gran evolución. La estructuralidad procede de esta capacidad de tener estructuras para poder atender las necesidades de acceso a la justicia de cualquier ciudadano, que además son un derecho fundamental enunciado en la constitución. Es decir, hay una estructura, un organigrama, una serie de procedimientos y de normativas que permiten que la gente que requiere justicia le sea impartida.
La funcionalidad, o el sistema funcional es, digamos, la vitalidad que le da dinamismo a esas estructuras. Una cosa es la estructura y la otra, que esa estructura funcione y funcione correctamente.
En términos de tortura y atendiendo el primero de los debates, no podemos a ciencia cierta afirmar que existe tortura en todas las cárceles del país -como alguien ha dicho- ni en todos los procedimientos para la obtención de la verdad. No podemos afirmarlo, ni negarlo. Pero así como los notarios dan fe ante ciertos temas civiles, la ciudadanía actúa de buena fe ante el actuar del Estado, porque en ese sentido, no hay de otra, pero también porque el sistema estructural perfectible por supuesto, cada vez le debe dar más certidumbre a la sociedad en los temas que le incumben a cada quien. La realidad estriba en la información. No habría dudas o afirmaciones aceleradas sobre la tortura, si hubiera la suficiente información para soportar lo contrario. Según Human Rights Watch, esta asociación internacional sobre derechos humanos, tan sólo en 2013, informó que la CNDH recibió más de 800 casos de tortura, tratos humillantes y otros atropellos por parte de servidores públicos.
El otro lado de esta figura es sin duda la del ciudadano de a pie, que no comprende por qué tanta insistencia en defender los derechos mínimos de los criminales y por ello no bajan a las comisiones de derechos humanos de eso, de defender a los criminales. Películas como la de “Presunto culpable” en la que un sujeto fue “confundido” por la policía como el asesino de otro, y que pasó varios años en la cárcel, sólo es un ejemplo de que quizás la principal tortura sea que en las cárceles mexicanas hay muchos inocentes acusados equivocadamente. Pero no nos desviemos, los criminales deben ser desigualmente, para eso existen las cárceles -dudo mucho que el intento por reinsertarlos esté funcionando, pero ese es otro tema- el verdadero tema es que aunque sean los criminales más aberrantes de la sociedad, la obligación del estado es justiciarlos pero darles los mínimos vitales inherentes a su dignidad humana, aunque parezca que no la tengan o no la merezcan. La gente debe saber que si estamos en un sistema que no funciona del todo, es decir que pueden ser inculpados personas inocentes, también debe estar consciente que si pedimos rigor para ellos como “presuntos culpables” estamos condenando a muchos inocentes a que padezcan los errores y los vacíos de un sistema que en su estructura parece ir avanzando pero en su funcionamiento deja mucho qué desear. No es que no se crea en la justicia, es que hemos visto que las personas cometen errores y eso necesariamente implica muchas veces, castigar equivocadamente. La desigualdad para los criminales debería ser en un modelo perfecto, para quienes verdaderamente fueran culpables y no sólo para los acusados, pues le recuerdo al estimado lector, que hoy, con medios de comunicación se puede hacer parecer culpable al más honesto de los ciudadanos.
Ante el tema de la tortura lo que resta es esperar. Esperar a que se acaben las prácticas que se dicen en las charlas de café que se siguen dando al interior de las corporaciones de justicia. Pero más que eso, hay que esperar a que los mecanismos de justicia otorguen cada vez más, herramientas de trabajo que permitan juzgar con mayor eficiencia a los individuos. Del sistema de reinserción luego hablamos.
