- Por intereses políticos de la capital será hasta el siguiente periodo ordinario cuando se presenten resultados ante el Pleno
- No puede reformarse la ley a la ligera pues la concesionaria ha generado derechos según el título de concesión: Jesús Rangel de Lira
En mayo de este año, durante el segundo periodo ordinario de sesiones del año en curso, el Pleno de la LXII Legislatura de Aguascalientes aprobó el punto de acuerdo del presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Jesús Rangel de Lira, en donde se incluía un exhorto para que dentro de sus facultades, el Instituto del Agua y la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes (Ccapama), obligara a la concesionaria Proactiva Medio Ambiente CAASA, a presentar un informe general, esto en respuesta a las múltiples denuncias ciudadanas que durante años se han presentado por abusos de la empresa.
En junio, el diputado aseguró que en máximo tres sesiones ordinarias siguientes se presentarían los resultados del exhorto ante el Pleno, sin embargo, esto no sucedió debido a que en las reuniones de trabajo con ambas dependencias se encontraron múltiples situaciones que complicaron el estudio del caso.
Rangel de Lira indicó que las reuniones continuarán efectuándose a lo largo de este receso legislativo para que a más tardar en el siguiente periodo ordinario se presente el informe general solicitado, “estamos revisando cada uno de los puntos, desde la ley estatal hasta el título de concesión, por eso nos estamos tardando”, a partir de ello se tratará de llegar a un acuerdo común de cómo estarán atacando las anomalías en la que está incurriendo la concesionaria.
De manera “lenta pero segura”, según palabras del legislador, se estudiará si se modificará la ley, el título de concesión, algún acuerdo de la Junta de Gobierno de Ccapama, o de qué otra manera se podrá darle freno a los abusos de la concesionaria, “hemos tenido un par de reuniones con adelantos importantes pero hasta en su momento estaremos dando a conocer los resultados”, primero ante la Comisión Legislativa y después al Pleno.
Al cuestionarle si existía disposición tanto del gobierno estatal como del municipal para llegar a un acuerdo común, el legislador reconoció estar encontrando varias anomalías por ambas partes, sobre todo en la capital, lo cual ha causado que el tema de haya aletargado un poco más, “hay ciertas contradicciones en el nivel municipal entre lo que declara el alcalde, lo que hace la concesionaria, la presión que no hace Ccapama y los acuerdos políticos que tienen para que les descuenten a algunos usuarios lo que ellos quieren y manejarlo con tintes políticos, es lo que nos ha metido ruido”, y en consecuencia, frenado los acuerdos que ya se habían dialogado con anterioridad.
Aclaró que tienen que ser muy cautos en el ejercicio del exhorto y derivaciones, pues resulta que no pueden modificar simple y sencillamente la ley ya que el título de concesión, que data de 1996, manifiesta la generación de derechos y si se modifica sin estudio la concesionaria puede ampararse y revocar tal reforma.
“Sabemos que la ciudadanía está hasta el gorro de los abusos, lo malo es que pareciera que al propio municipio no le interesa atender su desesperación”, esto sustentado en la incoherencias existentes entre lo que se declara mediáticamente y la poca actuación en la realidad.
