- La relación con el Ayuntamiento capitalino no ha sido productiva por sus fines políticos
Tras meses de haber sido aprobado por el Pleno el exhorto presentado por Jesús Rangel de Lira, donde se solicitaba al Instituto del Agua (Inagua) que exigiera a presidencia capitalina y a la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes (Ccapama), el cumplimiento del título de concesión otorgado a Proactiva Medio Ambiente CAASA, tras las denuncias constantes de la población por el mal servicio; el procedimiento de reuniones continúa sin resultados aún visibles.
El diputado, en su calidad de presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, lamentó el haber encontrado una “terrible” falta de voluntad política de parte del municipio capital y del órgano regulador que es Ccapama, “ellos argumentan que no pueden hacer nada para meter en cintura a la concesionaria por no estar facultados, pero, si estudian bien la normatividad, encontrarán que son los únicos con jurisdicción para hacer valer el título de concesión y hasta para modificarlo”, debido a que es -el Ayuntamiento- el otorgante de la concesión.
En múltiples ocasiones se ha denunciado la falta del servicio en colonias alejadas del centro, el cobro de tarifas excesivas y reparaciones lentas de fugas, hasta el momento, este ha sido el área con más quejas tanto en el municipio capital como en instancias como Profeco, Congreso local y líderes sociales. Para Rangel de Lira, la actual administración municipal está utilizando el mal servicio y cobros excesivos de manera política, “los Miércoles Ciudadanos reciben a la gente y les otorgan descuentos para que piensen que le están haciendo un favor con buena voluntad del municipio, cuando en realidad es su obligación”, tratándose de una posición totalmente populista y además engañosa.
“Están jugando políticamente con el título de concesión y están evadiendo totalmente la responsabilidad que le corresponde”, recordó que es el Cabildo, a propuesta de Ccapama y del alcalde, quien debería llamar a la concesionaria a que cumpla con sus obligaciones, tomando como base que el título de concesión establece claramente el avance que debe estarse generando año con año, en cobertura, eficiencia y regulación de las tarifas.
Desde que el Ayuntamiento otorgó la concesión del servicio del agua a CAASA, el ajuste de las tarifas siempre ha sido a petición de la concesionaria “para equilibrar sus finanzas”, siendo que la ley establece lo contrario.
El representante del Partido del Trabajo aclaró que por parte de la Comisión legislativa de Recursos Hidráulicos sólo pueden tocar el tema desde la Ley del Agua lo cual no ha sido fácil por la generación de derechos jurídicos que ha obtenido CAASA a lo largo de los años, “por la antigüedad del título se generan derechos en términos jurídicos que no se pueden revocar con una ley”, es la garantía que han dado a quienes invierten recursos para la prestación de servicios.
Esto significa que si los diputados modifican la ley sin un previo análisis minucioso y acuerdos jurídicos, la concesionaria puede impugnar y revocar la ley, “así de grande es el problema que nos dejaron las diferentes administraciones municipales, que en vez de demostrar voluntad para sujetar a la concesionaria, (sabrá para qué finalidad) han hecho acuerdos políticos con ellos”, tanto alcaldes de fracción panista como priista han actuado de la misma manera por lo que al interior de la Comisión se sienten “atados de manos”.
Por parte del Inagua, subrayó estar encontrando total apertura pero tampoco se ha logrado un avance eficaz como se pretendía al inicio de la legislatura, “la relación con el municipio ha sido más pantanosa”, ya que aseguró percatarse de que sus intenciones son mantener buena relación con la concesionaria para utilizarla políticamente.
