- La sanción a CAASA de 4 mil pesos es una burla, aclara Jesús Rangel de Lira
- Empresas constructoras son estudiadas por Profeco por no hacer válidas las garantías a los consumidores
Debido a las múltiples quejas de la ciudadanía hacia las constructoras de condominios residenciales en el estado, así como la constante demanda hacia la concesionaria de agua, Proactiva Medio Ambiente CAASA, la delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) se encuentra atendiendo tres acciones colectivas en contra de dos empresas constructoras y la concesionaria.
La delegada Patricia Valadez Bustamante recordó que en el Código Urbano del municipio de Aguascalientes se especifica que la constructora tiene que hacerse cargo del mantenimiento de la infraestructura hasta que se entrega al municipio o a la asociación de condóminos ya certificada ante notario público, “en estas denuncias, ninguna de las empresas lo ha hecho, ocasionando problemas entre la empresa, la concesionaria de agua y los consumidores”, convirtiéndose en una situación muy compleja, pues como verificadores deben tener todos los lineamientos jurídicos para lograr que los derechos de los consumidores sean respetados.
Las quejas y demandas consistieron en tres residenciales: San José de Pozo Bravo y Jardines de Montebello de la constructora Davivir y San Gerardo de la empresa Conadevi, algunas hacia Proactiva Medio Ambiente CAASA por haber instalado micromedidores al interior de las casas adicional al macromedidor ubicado al exterior de cada coto, “la concesionaria no tiene ninguna facultad -al menos que la constructora se la haya aportado- de instalar esos micromedidores, además los recibos no están a nombre del ciudadano sino de Usuario y la dirección con el cobro del consumo mínimo”, agregándoles el área común.
La principal queja de los consumidores y administradores de cotos es de que al momento de hacer la suma de los micromedidores con el macromedidor, la cifra no coincide, “no hay ningún cotejo que le dé la tranquilidad al consumidor de que está pagando lo justo”, siendo esta la razón por la que Profeco comenzó un análisis minucioso de estas empresas junto con CAASA, esta última fue sancionada la semana pasada por la cantidad de cuatro mil pesos en una audiencia por no presentar un informe detallado.
En su calidad de presidente de la Comisión Legislativa de Recursos Hidráulicos, el diputado Jesús Rangel de Lira lamentó que hasta esta fecha, cuando se acercan los procesos electorales, la Profeco se active y “se ponga a trabajar”, desde su parecer, la sanción de cuatro mil pesos “es una burla” ya que si se compara lo perdido por muchos ciudadanos por los cobros indebidos de la concesionaria, este monto no es nada justo, “siento que la Profeco está intentando justificar su existencia en torno al tema del agua, pero si de verdad tiene la intención de apoyar, que indague en los miles de casos y realmente sancione a la empresa como debe de ser”.
En cuanto a las acciones contra las constructoras, Valadez Bustamante aseguró que durante estas semanas próximas se reunirá con los empresarios puesto que los consumidores han presentado quejas de no estar haciendo válidas las garantías, algunos tienen dos o tres meses con algún desperfecto en sus casas y no hacen ninguna reparación; siendo básico que las constructoras estén conscientes de que por ley son cinco años en daños estructurales, tres años en impermeabilización y 60 días en otros aditamentos como canceles, llaves, puertas, accesorios. “ya lo hicimos con Conadevi el año pasado, no tienen por qué afectar al consumidor”, aclarándose que la dependencia federal no está pidiendo descuentos ni obsequios, sólo que como empresas se clarifique por qué y cómo están haciendo los cobros y los movimientos posteriores a la venta.
