- De las 49 observaciones determinadas; doce fueron solventadas y 37 se encuentran pendientes, de las cuales, 26 son de control y once de posibles afectaciones al erario
- Las principales irregularidades tienen que ver con pagos carentes de comprobación, conceptos pagados y no ejecutados, así como falta de penalizar a empresas que no cumplieron con los contratos de obra
Aun cuando el Congreso del estado aprobó el pasado miércoles las cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal de 2013, revisadas por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes (OSF), los informes de las diversas dependencias y entidades estatales y municipales siguen arrojando irregularidades que tendrán que ser solventadas, como ya informó la Comisión de Vigilancia, en un plazo de 30 días.
Derivado de la revisión de la Cuenta Pública 2013 en el Instituto de Agua del Estado de Aguascalientes (Inagua), se encontró que de las 49 observaciones determinadas por el OSF; doce fueron solventadas y 37 se encuentran pendientes, de las cuales 26 corresponden a irregularidades de control y proceso, mientras que once hacen referencia a irregularidades con posibles afectaciones al erario por tres millones 414 mil 87.69 pesos.
Según el informe que se presentó ante el Congreso del estado, las once observaciones principales se relacionan con el pago a la empresa Fypasa Constructores, al considerar una contratación innecesaria e improcedente por dos millones 155 mil 497.78 pesos en la planta tratadora de aguas residuales de la ciudad de Aguascalientes, así como la falta de comprobación de entrega y recepción de vales de despensa a trabajadores de operación y mantenimiento en la misma sede.
La segunda observación corresponde a la inconsistencia en la perforación de un pozo, ya que según lo observado por el OSF, la obra tuvo deficiencias de planeación, programación, presupuestación y ejecución, al encontrar que el proyecto se justificó con base a la experiencia y no con estudios de viabilidad o factibilidad, teniendo un costo de 834 mil 670.19 pesos.
También se hace mención a otra observación concerniente a la falta de comprobación en gastos indirectos, donde no se encontró la correcta justificación y evidencia para ejercer un total de ocho mil 120 pesos, a lo que se sumó la observación sobre gastos pagados y no ejecutados para el equipamiento de pozo y línea de conducción de agua, con una posible afectación al erario por 22 mil 299.12 pesos.
En lo relativo al ejercicio de los recursos provenientes del Programa para la Sostenibilidad de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en Comunidades Rurales, el informe del ente fiscalizador detectó gastos indirectos no comprobados por un monto de 67 mil 720 pesos, al igual que gastos pagados y no ejecutados por cinco mil 256 pesos, donde se encontró que existían diferencias entre los volúmenes pagados contra los realmente ejecutados.
Para los recursos propios ejercidos a través de los gastos indirectos, se encontró igualmente falta de comprobación de los mismos por 14 mil 166.67 pesos.
Otras observaciones se relacionan con el Programa de Agua Limpia, en el que se puso énfasis en la improcedencia de ampliación de un convenio que se había establecido por 530 mil 533 pesos, pero que previo a la ejecución de la obra presentó un incremento de 192 mil 95.53 pesos, siendo estos últimos recursos los que fueron considerados como posibles afectaciones al erario público.
En el Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (Protar), se encontraron irregularidades por conceptos pagados y no ejecutados que ascendieron a los 114 mil 262.40 pesos. Además se identificó un expediente donde no se encontró la penalización correspondiente a una constructora que no cumplió con el plazo de la obra, cálculo que deberá de ser contemplado por el órgano interno de control, según el ente fiscalizador.
La última observación sobre las once principales irregularidades en la cuenta pública del Inagua para 2013, hace mención al Fondo Metropolitano, donde al igual que en el Protar, no se visualizó la existencia de la penalización que se debió haber ejercido contra una empresa que inició de manera tardía la obra, existiendo incongruencias entre las fechas de documentación comprobatoria, y siendo también el órgano interno de control, el encargado de calcular la penalización por dicho fenómeno.
