- No se protegerá al exalcalde de Iguala, si es culpable que sea castigado, dice Escobedo Tejada
- El Gobierno Federal no debe caer en reduccionismo, sino trabajar para encontrar a los estudiantes desaparecidos
Tras la detención del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda, presuntos culpables del ataque y desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero; el representante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Congreso local, Cuautémoc Escobedo Tejada, exigió al Gobierno Federal que no se haga un ejercicio de reduccionismo, pues la aprehensión del ex funcionario municipal sólo es el comienzo de la investigación para lograr encontrar a los jóvenes desaparecidos.
“El castigo tiene que venir si son responsables, esta detención debe de propiciar las medidas necesarias para encontrar a los estudiantes y esperamos que sea con vida”, Escobedo Tejada pide a la sociedad y a la autoridad federal que no se caiga en una posición reduccionista de “ya agarramos al presunto culpable, apáguese el fuego que hay en el país -y en mundo en sí- y con eso ya cumplió el Gobierno Federal”, desde su perspectiva, esto es un asunto de mayor envergadura tanto interna como externa, pues al final el caso fue llevado a ámbitos internacionales, y la opinión pública de otros países es extremadamente negativa hacia la impartición de justicia mexicana.
En cuanto comenzó a circular el video de la detención de Abarca y su esposa, las críticas en redes sociales y medios de comunicación se dirigieron hacia la creación de un montaje por el propio Gobierno Federal, en la opinión de Escobedo Tejada, implicaría el doble de trabajo, pues considera que hay “muchas cosas raras, desde la propia vestimenta que tenían estas personas a las 2:30 de la madrugada (saco, pantalón de vestir, vestido y tacones), situaciones extrañas que no concuerdan”, pero para no caer en especulaciones, esperan que el proceso legal de los presuntos culpables se ejecute de forma transparente, solicitando a la sociedad que no baje la guardia, sino por el contrario, continúe con la voz alzada para obligar a las autoridades a trabajar en la búsqueda de los estudiantes, siendo ésta la prioridad que deben de darle al caso.
La postura del PRD es que se le juzgue como a cualquier otra persona que viola la ley, a pesar de ser un ex presidente municipal de extracción perredista, “no crearemos un manto de impunidad ni protección a quienes se salen de la regla, lo lamentamos profundamente porque era un representante de nuestro partido”.
El diputado aclaró sentir cierta preocupación de que esta situación se utilice para denigrar la imagen del PRD ante la población, tal como sucedió en Michoacán años atrás, donde, durante el gobierno de Felipe Calderón se creó toda una estrategia a varios presidentes municipales del PRD para hacerlos bajar en el ámbito electoral, “al final, después del daño causado al partido, no se les comprobó nada, no queremos que eso pase otra vez”.
