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jueves, diciembre 18, 2025

Mayor poder policiaco a los gobernadores / Gran elector

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La represión es una acción reguladora que el gobierno adopta contra individuos o grupos que desafían las relaciones existentes de poder. Es la amenaza de coerción que aplica el gobierno sobre opositores para debilitar su resistencia frente a la voluntad de las autoridades. Enric Ucelay Da Cal, historiador de la guerra civil española, define a la represión como aquella actividad institucional que tiende a cohibir los comportamientos colectivos.

Pregunta: ¿al cambiar los mandos de policía se cambian sus malas costumbres? ¿Los policías estatales aprobaron en su totalidad los exámenes de confianza? ¿Los policías municipales reprobaron los exámenes de confianza? ¿Los militares retirados que comandan a las policías municipales son corruptos? ¿Los gobernadores han mostrado honestidad en el manejo del poder represivo del Estado a cargo de sus procuradurías?

El principal argumento de la iniciativa presidencial de reformas en materia de seguridad pública dice lo siguiente: “El actual modelo constitucional en el que convergen los tres órdenes de gobierno con policías encargadas de la seguridad pública en ejercicio de idénticas atribuciones (en especial entre las locales y municipales), genera graves deficiencias que han complicado la aplicación del modelo policial, tales como la pulverización de los mandos, la heterogeneidad o inexistencia de los protocolos de actuación, la falta de capacitación, una distribución geográfica inadecuada de los elementos de seguridad pública a lo largo del territorio nacional, así como la falta de colaboración entre órdenes de gobierno e instituciones”.

Ante la vergüenza social de gobernadores estatales y municipales omisos, y hasta cómplices de la delincuencia, como los de Guerrero y Michoacán, los asesores presidenciales han convencido al Presidente de la República que el poder represivo del Estado mexicano debe fortalecer del Mando Único policiaco para garantizar el combate a las mafias que comandan a las corporaciones policiacas en todo el país. Así las cosas, y como el hilo se rompe por lo más delgado, los poderosos gobernadores del país, que apenas alcanzan a ocultar sus propios pecados, andan de plácemes porque el gobierno de la República decidió eliminar la facultad constitucional de policía preventiva a los ayuntamientos del país.

El pasado lunes 9 de diciembre, el general Rolando Eugenio Hidalgo Eddy, recibió su carta de despedida por parte del gobierno de Aguascalientes. Este hombre que fue contratado en 2008 por el gobernador Luis Reynoso Femat y recontratado por el gobernador Carlos Lozano, en buena medida controló la acción de las mafias locales coludidas con los órganos judiciales del Estado y las corporaciones policiacas federales, estatales y municipales. El General Hidalgo Eddy, hombre de 70 años, nacido en Nuevo León y proveniente de la 9ª. Zona militar del Estado de Sinaloa, más allá de los métodos policíacos que haya utilizado para controlar los efectos nocivos de la corrupción judicial en Aguascalientes, recibió el reconocimiento y afecto de muchos ciudadanos de Aguascalientes y también el desprecio de sus enemigos policiacos y judiciales que criticaban su “altanería”. Al paso de los años, la fuerza política del Mando Único a cargo del general Eddy se debilitó. Hoy su relevo parece oportuno mientras sus adversarios celebran su retirada.

Vendrá un nuevo Mando policiaco al Estado de Aguascalientes, su misión será erradicar a las peligrosas bandas de delincuentes que el general Hidalgo Eddy no pudo erradicar debido a la corrupción de los mandos policíacos que nació de la carencia de valores, creció por falta de satisfactores, y nos inundó debido a los actos de impunidad de sus gobernantes que por cierto admiran muchos ciudadanos del pueblo.

Ya veremos que sucede. Ciertamente los ayuntamientos del país perderán ingresos importantes que les generan un gran poder económico y arreglos políticos muy convenientes por encima de la voluntad de los propios gobernadores. Los ayuntamientos volverán a sus antiguas competencias administrativas.

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