En un anuncio de la radio, una familia decide de qué manera gastará el dinero con el que cuenta. Cada rubro es analizado y a cada uno se le asigna un monto. Al terminar la conversación, queda la sensación de que todo está en perfecto orden. Habrá suficiente para los gastos cotidianos, para la diversión y, claro, para la compu. La fábula familiar sirve para explicar a los radioescuchas la manera en que los diputados disponen del dinero público; etiquetan. Esto es, del total de dinero disponible para hacer funcionar al país, una cantidad es asignada a, digamos, construir carreteras y sólo a construir carreteras. Parece una buena idea decidir a principios del mes -o a final del año, en el caso del aguinaldo- en qué gastaremos el dinero. Hay desembolsos ineludibles. Como Bartola, primero habrá que pagar la renta, el teléfono y la luz. Después vendrán los gastos personales variables -comida, ropa, etc.- y lo que quede servirá para el alipús -o mejor, para el ocio-.
Pero los diputados no son una familia, es decir, la metáfora que equipara ambas instituciones es, por decir lo menos, defectuosa. La mamá, que ha participado de la toma de decisiones, será quien vaya a pagar la luz, y por lo tanto ella misma verificará que el dinero asignado a tal efecto cumpla su cometido. Además, si el recibo ha llegado más alto o más bajo de lo pronosticado, podrá hacer el ajuste y mandar el sobrante a otra área, o tomar un poco de los gastos no indispensables para cubrir el faltante. Los diputados no gastan directamente el dinero, lo dirigen, dejan que el mundo ruede y, a final de año, rectifican, se pelean, negocian o levantan el dedo para modificar el presupuesto. Ellos imaginan que este año lo importante será construir y construir y construir, y, por ejemplo, hacen llegar a las universidades públicas recursos para hacer edificios. Pero en ocasiones -sigamos con el ejemplo-, una universidad específica puede necesitar menos los edificios que el aumento de sueldo para sus profesores. La familia puede analizar y rectificar al momento; las universidades, por no haber sido quienes decidieron cómo administrar sus recursos, tienen como opción el estrés: “hay que ejercer el gasto, si no, el año que viene no nos darán recursos”. A la mamá no habría por qué penalizarla si tomó el dinero del paseo del domingo para pagar la luz; a las universidades, instituciones de educación y cultura, dependencias federales, estatales y municipales, tampoco. Sin embargo, eso es lo que pasa.
Desde luego, esto tiene justificación. Si se etiquetan los recursos es más difícil que haya desvíos, triquiñuelas, desequilibrios -“más difícil” no significa “imposible”-. No obstante, el dinero se ejerce en casos particulares, en la realidad; mientras que el presupuesto se diseña a partir de una lectura general de la situación, es decir, desde la teoría. Y teoría y práctica tienden a no coincidir con indeseable frecuencia. Así, llega noviembre y montones de funcionarios salen a las calles en busca de cursos de capacitación que están “obligados” a conseguir para los empleados -los necesiten o no-, mientras que esos mismos empleados se quejan de que llevan tres meses sin papel de baño, o tinta para las impresoras, o pago para el teléfono, o repuesto de la escoba que se rompió. Nada de pagarle de un jalón a la criada si hay suficiente dinero, nada de guardar para mañana -el siguiente año-, ni ser conservador -lo que tiene consecuencias del tipo “ya tenemos hospital, ahora recemos porque haya dinero para mantenerlo los siguientes veinte años-.
Me queda claro que la “estructuración”, el orden, el sistema tienen sus funciones. Pero cuando el sistema se impone, cual cama de Procusto, y obliga a la realidad a ser cualquiera otra cosa excepto realidad, convendría plantearse el ejercicio inverso, generar un sistema de asignación de presupuestos que tome en cuenta las necesidades específicas y lea mejor el mundo. Nada más fácil que cotejar la proyección del gasto con el recibo de la luz, y comprobar que de ahí sobraron pesos sobre pesos que fueron reasignados para adquirir una lata de atún. Si se fortalece la transparencia del ejercicio de los recursos en lugar de rigidizar hasta la petrificación las asignaciones, se podría evitar tener que recordarles a los señores diputados que no somos ricos porque no aprecian nuestros centavos y los gastan que da horror.
