- Jesús Eduardo Martín Jáuregui lamentó que gran parte de la población acepte dicho fenómeno como un mal necesario o merecido
- Actualmente existen ocho casos de tortura que son investigados por la comisión
A pesar de que hace poco más de seis meses, Jesús Eduardo Martín Jáuregui, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Aguascalientes, afirmara que al final del año la entidad autónoma podría contar con un informe que reflejara el estado actual de los fenómenos de tortura en la entidad para enfrentarlo de manera inmediata, dio a conocer que “lamentablemente no existe un panorama real de la tortura en Aguascalientes”, al argumentar que la cultura de la denuncia sigue siendo el principal problema al que se enfrenta el organismo defensor de los derechos humanos.
El ombudsman estatal detalló que se llevaron a cabo modificaciones al catálogo de conceptos para denuncias que puedan ser recibidas por la CEDH, ya que anteriormente no se tenían quejas de tortura, las cuales eran disfrazadas como malos tratos o atentados a la integridad. De esta manera, dijo, tomando en cuenta las definiciones de tortura que ha emitido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se amplió el concepto, al ya no ser sólo aquello que corresponda a las declaraciones forzadas, sino también por motivos de venganza o maltrato.
Sin embargo, ni esas modificaciones han sido suficientes para enfrentar el panorama de la tortura en la entidad, ya que, añadió, no se tienen las denuncias, pese a que se sepa que la práctica de la tortura es una constante.
Martín Jáuregui explicó que actualmente se están analizando ocho posibles casos de tortura, así como otras violaciones denunciadas, a la espera de que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, pueda contribuir en casos donde se tenga que aplicar el protocolo de Estambul, diseñado para la secuencia de casos de tortura, que puedan otorgar más elementos para constituir el panorama que se pretende obtener.
Aseguró que la problemática relativa a la inexistencia de las denuncias responde a un complicado fenómeno que se ha generalizado entre la sociedad, donde, dijo, “muchas personas aceptan la tortura como un mal necesario”, y a ello sumó “la sociedad en términos generales piensa que la tortura es merecida por los delincuentes y la justifica, al creer en una imagen donde la policía tiene que actuar con violencia, pero necesitamos cambiar esa cultura de la población”.
Sobre los ocho casos que se encuentran bajo investigación actualmente, el presidente de la CEDH expuso que tienen que ver con la detención de personas, a las que se ha sometido a actos de tortura, desde emplear una bolsa para dejar de respirar, hasta obligarlos a estar en una posición durante horas o no permitirles dormir.
Y en lo concerniente a las entidades denunciadas, estableció que la principal corresponde a los policías ministeriales, adscritos a la Procuraduría General de Justicia del Estado, así como algunos otros casos que hacen referencia a abusos por parte de policías estatales y municipales de la capital, descartando casos en los municipios, mismos que han sido visitados, y en los cuales, afirmó, se ha establecido un esquema de incentivo de la denuncia, para pagar los gastos de transporte y alimentación a las personas que realicen dichas denuncias.
De acreditarse los casos de tortura, sentenció, se harán las recomendaciones correspondientes al procurador Felipe Muñoz, donde se considerarán las posibles sanciones a las que puedan ser acreedores los elementos involucrados.
