- Los dictámenes aprobados de manera unánime en lo general, abonan a la actualización de la normatividad judicial y en materia penal
- El abuso sexual se tipificará ahora como violación sexual equiparada, para que el imputado se encuentre en prisión preventiva como medida cautelar durante el juicio
La Comisión de Justicia sesionó a fin de proceder a la discusión y aprobación de tres iniciativas, la primera de ellas, para reformar el Artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, presentada por el diputado Leonardo Montañez Castro a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Dicha propuesta establece como objetivo modificar la fecha de entrega del informe anual que hace el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado al Poder Legislativo sobre la actividad de los tribunales respecto a sus resoluciones, sentencias y la ejecución de las mismas, así como de la administración de los recursos financieros del Poder Judicial, al sugerir que dicho informe de actividades se entregue al Congreso local el último día del mes de febrero en lugar del 15 de enero. Asimismo, busca incorporar al texto normativo el término de administración de justicia.
En el debate respectivo, el promotor explicó que la actividad del Poder Judicial continúa en el mes de diciembre y que actualmente hay muy poco tiempo para que se prepare el documento informativo correspondiente, sin poder incluir los datos correspondientes a las últimas semanas de trabajo.
En la votación respectiva, el dictamen en sentido positivo recibió la aprobación de todos los integrantes del órgano parlamentario.
Posteriormente se sometió a consideración de los presentes el proyecto de ley presentado por el mismo legislador antes mencionado para reformar los artículos 434 y 440 del Código Civil del Estado de Aguascalientes, que busca sustituir el término “alineación parental” por el de “alienación parental”, ya que el primero no es correcto para referirse al proceso en que uno de los padres, de manera sistemática y reiterada, realiza conductas con el objetivo de destruir los vínculos afectivos entre padres e hijos.
María de los Ángeles Aguilera Ramírez expresó que este fenómeno ha sido tomado en cuenta en las resoluciones de carácter civil desde hace una década aproximadamente, especialmente en procesos sobre patria potestad, pero que en efecto, se requería una corrección en la nomenclatura respectiva. Al igual que el dictamen anterior, la propuesta recibió el visto bueno de la totalidad de los integrantes de la Comisión de Justicia.
Tocó el turno de revisar la iniciativa de reformas y adiciones al Código Penal, Ley de Ejecución de Sanciones Penales, Ley Orgánica del Poder Judicial y a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes, presentada por el gobernador Carlos Lozano de la Torre.
El objeto esencial de la iniciativa es armonizar lo dispuesto por el Código Penal para el estado de Aguascalientes y otros ordenamientos, con lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, para la correcta aplicación del nuevo Sistema de Justicia Penal de corte acusatorio.
El presidente de la Comisión de Justicia, Luis Fernando Muñoz López, detalló que la propuesta del gobernador contempla, entre otras cuestiones, la redefinición de algunos conceptos legales como el de “delito grave” por el de “delito de prisión preventiva oficiosa”. De hecho, algunas de las conductas criminales que ahora se incluirán en dicha clasificación, conocidas actualmente como “abuso sexual”, pasarían a enclavarse en el delito de “violación sexual equiparada”.
Asimismo, explicó que una de las aportaciones de la ley es clarificar el mecanismo por el que un juez podría ser sujeto a un proceso penal, al explicar que la Fiscalía tendría que integrar un expediente que a su vez tendría que ser revisado por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, máxima entidad judicial que sería la encargada, según la Constitución local, de determinar la procedencia del inicio de un juicio penal.
El presidente de la Comisión de Justicia aclaró que la Constitución establece que para otros servidores públicos como diputados, regidores, magistrados y consejeros de Transparencia, entre otros, es el Congreso del Estado quien define retirar el fuero para que se pueda iniciar algún procedimiento judicial.
Coincidieron en lo anterior Jesús Rangel de Lira, Juan Manuel Méndez Noriega y Leonardo Montañez Castro, por lo que el dictamen fue aprobado de manera unánime en lo general. En el caso de éste último, el diputado panista expresó reservas en lo particular con respecto a la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y las adiciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial, mismas que fueron rechazadas por mayoría de los integrantes de la comisión.
Sesión de la Comisión de Fortalecimiento Municipal
Como parte de su agenda legislativa, la Comisión de Fortalecimiento Municipal, que encabeza Juan Antonio Esparza Alonso, continúa dando seguimiento y análisis a diversas iniciativas que van encaminadas al mejoramiento e impulso del desarrollo urbano de las demarcaciones que conforman el estado en beneficio de sus habitantes.
Al mismo tiempo, se presentó el informe semestral de la comisión, en el que se da cuenta de las actividades y dictámenes que emitieron en estos últimos meses. Se contó con la presencia de los legisladores Jorge Varona Rodríguez y Fernando Díaz de León González, vocales de la comisión.
Con información del Congreso del Estado
