Inicia 2015 y muchos son los motivos para vislumbrar un año con alto grado de complejidad para México. Por un lado, el reclamo de justicia para los 43 estudiantes desaparecidos, se ha convertido en consigna social que no concluye con el esclarecimiento -en caso de que así sea- del paradero de los jóvenes guerrerenses, sino que se ha tornado en la exigencia de seguridad y respeto a las garantías individuales; de que pare de una vez por todas la zozobra ante los múltiples hallazgos de fosas funestas y de una limpieza institucional urgente.
De la mano, la expectativa de que el Poder Judicial, con un nuevo presidente, luego de más de una treintena de rondas de votación, honre los principios de justicia, autonomía y respeto a los derechos humanos, lo cual bien podría perfilarse como inicio de una nueva era para el sistema de justicia en el país.
Una vez concedido el consenso necesario para reformar las disposiciones en materia de educación, energía, telecomunicaciones, régimen laboral, financiero, fiscal y político, lo natural sería pensar que lo más complicado ya pasó: contar con la base constitucional para revolucionar una innumerable serie de instrumentos que den paso al desarrollo, y sería lo natural, de no ser por los hechos de impunidad, violencia y caos que priva en cada vez más rincones de la nación, de no ser por el alarmante índice de corrupción, de no ser por la fragilidad que ha demostrado el titular del Poder Ejecutivo y su evasiva ante una crisis que ya se observa por organismos internacionales como Human Rights Watch, que incluso, sugiere la descertificación de México en materia de derechos humanos.
Esta debilidad de la figura presidencial no tiene precedente, por lo cual, los especialistas recurren, en el mejor de los casos, a referenciar experiencias internacionales para suponer prospectivas, que de cualquier manera resultan desalentadoras, por lo que en la segunda mitad del sexenio, habrá de fortalecerse un presidencialismo real, cuyo primer paso deberá ser la recuperación de la autoridad empezando por los gobiernos estatales para asegurar la aplicación de las reformas sobre la base del Estado de Derecho.
Congresos locales y federales tienen la tarea del acuerdo saludable que brinde certeza a los mexicanos y apuntale la credibilidad institucional desde la normatividad y a su vez, las propias instituciones deberán tomar la estafeta para su actuación y limpieza.
La primera prueba de fuego, sin lugar a dudas, son los procesos electorales que este año decidirán nueve gubernaturas, 661 diputaciones locales, la renovación de la Cámara de Diputados y más de un millar de ayuntamientos. En este ejercicio, la fiscalización, la eficacia del Instituto Nacional Electoral (INE), las nuevas reglas en general para la democracia, serán objeto de un observatorio social, que además del voto, cuenta ya con instrumentos de comunicación inmediata y con una gran capacidad de movilización y manifestación, elementos que no se deben perder de vista.
Así pues, 2015, se antoja como un reto integral que nubla por mucho, las siete acciones en materia económica anunciadas por Enrique Peña Nieto en su mensaje a la nación, que no representan decisiones presidenciales de fondo y que ponen de manifiesto una vez más, la improvisación mediática para salir al paso ante la opinión pública.
