Usted imagine que las personas que trabajan en el gobierno tuvieran la obligación de hacer ahorros en la adquisición de bienes y servicios y no comprarlos a precios inflados por medio de un legítimo proceso de licitación que no se adjudique el cómplice del titular de alguna oficina.
¿Cómo nos iría si cada dependencia de gobierno tuviera que hacer en su anteproyecto de egresos un informe de austeridad en el que refleje los ahorros que alcanzó en el ejercicio fiscal anterior y que esos recursos sean redestinados a inversión pública?
¿Cómo sería Aguascalientes y México si fueran eliminados trámites innecesarios, se agilizaran procesos internos y se redujeran costos de operación y administración en las oficinas gubernamentales?
Suponga que los salarios de los funcionarios públicos se definieran por un comité técnico de transparencia y valoración salarial, y no existiera la posibilidad de otorgarles bonos o percepciones extraordinarias; de pagarles gastos de representación o sus seguros de gastos médicos privados. O que no tuvieran secretario particular o privado; que se restringiera la contratación de servicios de consultoría, asesoría y personal de honorarios, obligándolos a optimizar las estructuras orgánicas y ocupacionales. Que se contratará a sólo cinco asesores por dependencia.
Que no fueran pesadilla los gastos de la propaganda del gobierno en los diferentes medios de comunicación al no rebasar 0.3 por ciento del total del presupuesto de egresos del gobierno, y que los gastos en servicios profesionales, científicos, técnicos y/o de asesoría no rebasaran el 0.1 por ciento.
Suponga que las adquisiciones, arrendamientos y servicios se adjudicaran, por regla general, a través de legales y transparentes licitaciones públicas mediante convocatorias en las que libremente se presenten propuestas y asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, sustentabilidad y demás circunstancias pertinentes. Y que los resultados de esas licitaciones sean publicados constantemente en la página de transparencia y acceso a la información de las dependencias con datos como número de contratos y convenios que se hayan formalizado, mencionando sus objetivos y alcances, temporalidad, monto y las empresas y/o personas proveedoras.
O que las dependencias ajusten el gasto de los servicios de telefonía y fotocopiado; combustibles, arrendamientos, viáticos honorarios, alimentación, mobiliario remodelación de oficinas, equipos de telecomunicaciones, bienes informáticos, pasajes, congresos, convenciones, exposiciones, seminarios, estudios e investigaciones, a lo estrictamente indispensable.
Que todo servidor público que utilice todo lo arriba mencionado para uso no vinculado a su encargo o en cantidad excesiva tenga que reembolsar el doble de su costo y derive en responsabilidad administrativa, civil o penal.
Que los viajes al extranjero se reduzcan a sólo dos por año por dependencia y los que sean al interior de país no sean a hoteles de lujo o de gran turismo, gastos de alimentación con tope y la prohibición de viajar con boletos de primera clase, limitándole a la tarifa más económica posible.
Los vehículos para uso oficial y de los servidores públicos sean sustituidos si tienen al menos seis años de de uso, en caso de robo o pérdida total o cuando el costo de su mantenimiento acumulado sea igual o mayor a su valor de enajenación; y que los que los sustituyan no puedan costar más de 110 veces el salario mínimo.
Todo lo que les describí en las líneas anteriores es posible por medio de las llamadas leyes de austeridad, las cuales se aplican en desde 2003 en el Distrito Federal y desde el año pasado en Jalisco. Dejemos la utopía y exijamos a nuestros diputados locales la adopción de estos instrumentos que hacen más eficiente el gasto público y la transparencia y la rendición de cuentas, abonando a la consolidación democrática de nuestro estado.
