Esta semana comienza formalmente el período electoral para elegir representantes ante la Cámara de Diputados y reponer los poderes ejecutivo y legislativo, además de ayuntamientos, en varios estados de la República.
En la carrera por ocupar puestos de elección popular, muchos la han emprendido con la mira puesta en la idea de “quítate tú para ponerme yo”. Para sustituir a quienes ocupan durante tres o seis años un puesto público con el fin de adquirir privilegios, prebendas o beneficios más personales y de grupo que de interés social. Por lo mismo, a más de una persona con honesto sentido de servicio se le ha cerrado la puerta al pretender hacer algo en un sistema creado para que, simulando el cambio, no cambie nada.
La desilusión de la población y su rechazo a toda expresión político-partidista son ahora evidentes. Y sobran las razones por lo que esto es así. El deterioro de la calidad de vida en nuestro país, si bien resalta por el tema de la inseguridad, comenzó a manifestarse por el económico.
El control del poder político, aquí y en casi todo el mundo, va ligado a la capacidad de cometer abusos y atropellos para enriquecer a unos cuantos. La corrupción no es nueva en la política, pero ha llegado a niveles nunca antes vistos desde que el grupo en el poder puso a remate los bienes y recursos de la nación con la adopción de políticas públicas y modificaciones del marco legal para favorecer el apetito de los monopolios nacionales e internacionales. Ha sido a partir de la adopción de lo que llaman neoliberalismo cuando, coincidentemente, se ha desatado el problema del narcotráfico y el ejercicio de prácticas de represión contra críticos de este sistema.
El pueblo ya lo dice, “fue el Estado”, lo grita en las manifestaciones de repudio a la violencia. Y las evidencias públicas, notoriamente expuestas, de corrupción en las esferas más altas de la burocracia política, en nada ayudan a desmentir esa idea.
Cada vez menos ciudadanos creen que pueda tener verdad la oferta de un político en campaña -sea del partido que sea- si no tiene la posibilidad de cambiar el sistema económico prevaleciente.
Algunos medios de comunicación se contraponen al interés social negándose a utilizar sus espacios para denunciar que el neoliberalismo y la corrupción son la causa primordial en el problema de inseguridad. Reprimen la difusión electrónica o publicación de artículos y opiniones editoriales, aprestándose a jugar el juego de la democracia con el dinero que se maneja en esta temporada electoral.
El pueblo está irritado. Posiblemente sea ésta la última para que los candidatos en campaña se comprometan a cambiar el sistema económico, si realmente quieren que este país cambie por las buenas.
A ningún político se le creerá ya más si no se comprometen a cambiar el sistema económico por uno que esté supeditado al derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad de las personas y no a las prioridades del mercado, con principios como:
- Principio de justicia social. Que incorpore a los desposeídos, de manera que tengan las mismas oportunidades de desarrollar sus aptitudes para labrarse una vida digna en comunidad y solidaridad. Sin meros programas de asistencia social y cruzadas mediáticas contra el hambre que padecen.
- Mercado sometido al bien común. Que se supedite al servicio del bienestar del pueblo soberano y no hacer de la ganancia monetaria por encima y a costa de la persona humana, el núcleo de la vida social como lo es con el neoliberalismo.
- Interés privado supeditado al bien común. Que el Estado actúe en todo momento como agente regulador -con una mano muy visible- para conciliar los conflictos naturales entre el interés público y el privado, para preservar sobre todo, el bien común de manera solidaria. Que actúe decidida y contundentemente para castigar a todo servidor público que ose anteponer su interés privado al de la sociedad.
- Centrado exclusivamente en el sostenimiento de la gente y el planeta. Considerando que somos una comunidad nacional que habita un planeta con recursos finitos, que ha sido depredado por la especie humana y se encuentra en condiciones ambientales insostenibles, razón por la que tiene que reemplazarse el insostenible paradigma de consumo de recursos y crecimiento a toda costa, por uno que garantice el sostenimiento de la vida.
- Recuperación de la obligación primordial del Estado de la política de fomento económico. Toda vez que los recursos naturales, aguas nacionales, subsuelo, espacio aéreo, espectro radioeléctrico, espacio aéreo nacional, mar territorial, incluso los servicios financieros, son propiedad inalienable de la Sociedad, es función del Estado garantizar la explotación, distribución y comercialización de estos recursos en favor de la propia Sociedad. Para ello habrá de rescatar su vocación económica de fomento con enfoque economía social, a través de emprendimientos comunitarios, micro, pequeñas y medianas empresas, actuando en su defensa contra la vorágine del imperialismo mundial.
- Transparencia y veracidad. Con libre flujo y acceso generalizado a la información económica, sin cortapisas ni condicionamientos de cualquier especie.
- Incorporación de los tratados y convenios internacionales en materia de derechos laborales incluyendo los de los Pueblos Indígenas como norma constitucional.
- Fomento de la Economía Solidaria. Que asegure la supervivencia de cada mexicano y la garantía para preservar su derecho a una vida digna, desarrollando tanto el intercambio como la comercialización de manera directa entre productores y consumidores, sin intermediación especulativa, con el concurso de mercados populares.
Ante el reconocimiento de que nuestro país se halla en el actual grado de postración, por la inseguridad, violencia y corrupción como resultado del actual sistema económico, resulta irreal e inútil cualquier oferta política que no pretenda cambiarlo.
