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miércoles, febrero 4, 2026

Análisis comparativo de la Ley Anticorrupción / Norma González en LJA

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La ley de transparencia y la del sistema anticorrupción son temas que los partidos han incorporado en su agenda legislativa obligados por la presión social. Aunque está detenida indebidamente por ser año electoral, la opinión pública sigue demandando medidas que frenen el proceso de corrupción en el ámbito público.

Trataré de hacer una síntesis de los aspectos más importantes de las iniciativas presentadas por el PAN y el PRD.

Los puntos a debate se centran en siete temas:

1) Cómo y con quiénes se conformará el Sistema Nacional Anticorrupción,

2) El fortalecimiento de la Auditoría Superior de la Federación,

3) Fortalecimiento del poder Legislativo como poder de control del Ejecutivo y Judicial,

4) Instrumentos de control y rendición de cuentas a los particulares que sean proveedores del gobierno,

5) Modificaciones legales para que los delitos de corrupción tengan un mayor margen de vigencia, cuando menos 5 años,

6) Que los delitos de corrupción sean sancionado con extinción de dominio en propiedades mal habidas de funcionarios y particulares, y

7) La incorporación al Sistema Nacional Anticorrupción a las entidades de fiscalización de los Estados del país.

 

Tanto el PRD como el PAN plantean la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción. Difieren en el cómo hacerlo. El PRD plantea que el Sistema Nacional Anticorrupción será integrado por un Comité Coordinador Interinstitucional. Será presidido por el titular del Órgano de Fiscalización Superior de la Federación, se suman los titulares de fiscalización en los estados del país y el Distrito Federal, los órganos de control interno del Ejecutivo Federal y de los estados. Se incorporan también los organismos constitucionales autónomos, la Fiscalía General de la República y el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Su función será coordinar, desarrollar y garantizar la implementación de políticas, programas y mecanismos sobre prevención, disuasión, detección y sanción de la corrupción. Ello permitirá fortalecer y salvaguardar la integridad institucional.

Junto con la estructura institucional, el PRD plantea la incorporación de un Comité de Participación ciudadana conformado por setenta ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, rendición de cuentas y el combate a la corrupción. Serán elegidos por la Cámara de Diputados con el voto de dos terceras partes.

El comité deberá realizar una evaluación semestral del funcionamiento y los resultados del Comité Coordinador Interinstitucional y emitirá recomendaciones vinculantes.

El PAN también plantea la creación de un comité ciudadano. Pero plantea sólo 5 miembros destacados por su contribución a la transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Serían designados por la Cámara de Senadores por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes.

La discrepancia central se da en esta parte, pues junto con el Consejo Ciudadano, plantea la creación del Consejo Nacional para la Ética Pública. Estaría conformado por el presidente de la República quien lo presidirá, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los presidentes de cada una de las Cámaras del Congresos de la Unión, los titulares de los órganos constitucionales autónomos en el ámbito federal, el Auditor Superior de la Federación, el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, los titulares de los poderes ejecutivos de las entidades federativas y los integrantes del Comité de Participación Ciudadana.

Creo que independientemente del resto de los temas, la integración de entidades y personas que van a conformar el Sistema Anticorrupción, serán determinantes para el éxito o fracaso de esta gran tarea.

No creo que sea muy sensato plantear que el presidente de la República sea el director del Sistema Nacional Anticorrupción. Se pierde de vista que el combate a la corrupción depende en mucho de los contrapesos. Si muchos ojos observan un proceso de saqueo, tendrá más posibilidades de tener éxito y frenarlo. Pero sería casi imposible que un empleado del Gobierno Federal, o incluso de otro poder, se enfrente al presidente a decirle en su cara cuanto roba él o algún colaborador. El contrapeso tiene que tener una estructura mucho más independiente y el PAN debería de revisar esta parte de su iniciativa.

norma.gonzalez570@gmail.com

@normaglezz.

 

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