- Organizaciones asumirían los costos con el compromiso de renuncia en caso de resultados positivos
- Una comisión ciudadana acordada con los partidos debería elegir laboratorios, fechas y horas
- La Confederación Regional Obrera Mexicana expresó desconfianza sobre el manejo que los partidos pudieran dar a los exámenes antidoping
Con diversos partidos montados en el compromiso de someter a sus candidatos a cargos de elección a controles de sustancias prohibidas por la ley, el dirigente de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM) en el estado consideró factible la aparición de un grupo de líderes civiles, empresariales y sindicales, responsables de prestar observación a estos procesos.
La medida, añadió Jesús Ramírez Ramírez en rueda de prensa, sería sólo “para evitar suspicacias”.
“El mecanismo, proponemos, sería acordado con los partidos. La condición deberá ser que dicha comisión elija de forma libre y secreta el laboratorio y determine la fecha, lugar y hora de estos exámenes, con el fin de que la sociedad organizada se asegure de que los abanderados están libres de este tipo de consumo… los costos los asumirían los propios organismos ciudadanos, con el compromiso de que en caso de dar positivo, aunque la ley no les prohíba contender, renuncien a la candidatura precisamente por ética”.
Idealmente, señaló, habría que realizar exámenes sorpresa a cada candidato a diputado federal.
Ramírez expuso que César Camacho Quiroz, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, se ha comprometido a practicar esta prueba a los 300 perfiles que participarán en la elección del 7 de junio. Acción Nacional ya hace lo propio en estados como Guerrero.
Según el declarante, salir libre de drogas en una prueba médica brinda viabilidad ciudadana a un aspirante al servicio público.
“Es cierto que si alguno de los candidatos diera positivo no estaría impedido por la ley. De cara a la sociedad los partidos deben asumir la responsabilidad de las y los candidatos que van a gobernar este país. Hasta ahora la ley electoral no obliga a los abanderados a la práctica de exámenes antidoping, ni mucho menos evita que farmacodependientes puedan ser electos”.
El diputado federal Gabriel Cárdenas presentó una iniciativa de adición al artículo 55 de la Constitución, mismo que contiene los requisitos para participar en la Cámara Baja.
“Él dice que la administración pública -incluidos los ministros de la Suprema Corte de Justicia- tiene que estar dentro de este tipo de medidas. Esto sería saludable para la administración pública estatal, municipal y federal”.
Cárdenas argumenta que las personas sin aptitudes intelectuales y éticas no podrían formar parte del gobierno mexicano, por lo cual la supervisión de las características de los candidatos se vuelve imperativa.
El dirigente de la CROM apuntó que los usuarios de drogas podrían tener o generar nexos con la delincuencia organizada.
“En el ámbito laboral también tenemos (esta clase de conflictos)… al trabajador, por el hecho de consumir sustancias, no se le puede tratar como delincuente. Se le debe tratar como un enfermo y por lo tanto debe rehabilitarse. Si hay algún político que llegue a detectarse así, que se le rehabilite. Estamos hablando de cosas distintas, en la producción se pone en riesgo la persona, en el ámbito político se pone en riesgo la viabilidad de una nación”.
