- En lo que va del año han recibido dos amenazas de desalojo
- Dueños de propiedades rechazan que exista un acuerdo con el gobierno estatal y municipal
- Habitantes niegan que exista un acuerdo para ser reubicados
Desde la administración de la priista Lorena Martínez Rodríguez, el tema de la reubicación de los habitantes instalados en la conocida Antigua Línea de Fuego se ha turnado complejo, ya que hasta la fecha, éstos no han recibido un ofrecimiento formal que les garantice su instalación en una vivienda digna y a bajo costo.
La mañana de este lunes, ante un posible y anunciado intento de desalojo, un grupo de jóvenes de diferentes agrupaciones sociales se dieron cita con la finalidad de impedir dicha acción por parte de las autoridades municipales y estatales. Sin embargo, el desalojo no se llevó a cabo, siendo la segunda ocasión en el año en que se notifica a los locatarios y familias que residen en el lugar.
María de Jesús Luna López, quien renta una modesta casa en el lugar, destinada a ser el hogar de cinco personas, dio a conocer que hasta la fecha todas las acciones que se han llevado a cabo tienen fines intimidatorios y de hostigamiento para quienes se han instalado en los predios. Señaló que la actual administración municipal, encabezada por el panista Antonio Martín del Campo, ha expuesto que no es un tema en que el gobierno de la capital esté enfocado, al asegurar que fue un proyecto de la actual procuradora federal del consumidor.
Dijo conocer de un recurso de siete millones de pesos destinados a la reubicación de las familias, mismo que no fue erogado de tal manera en el cambio de la administración, y se destinó a otras obras. Explicó también que a los dueños de los predios les han ofrecido diez mil pesos en terrenos de cuatro metros por cuatro metros, por lo que han manifestado su descontento, ya que además de la cantidad inferior les exigen que sean ellos mismos quienes derriben las construcciones y vendan las propiedades en modalidad de terrenos.
Luna López recordó que hace un mes les dijeron que tenían que desalojar, y que si no lo hacían el ejército y la policía arribaría. Las estrategias de hostigamiento e intimidación, detalló, han ido desde policías que llegan a medir para determinar propiedades que serán derribadas, hasta afirmar que se desalojarán en pocos días, o acudir con su equipo antimotines a la zona.
Además, afirmó que “no pedimos que nos regalen nada, sino que nos ayuden con los trámites para una vivienda y nosotros pagarla”. Actualmente, indicó, son 18 familias las que se ubican en la zona, mismas que han buscado apoyo ante las diferentes instancias gubernamentales sin obtener respuesta alguna, salvo la de la legisladora local, Lourdes Dávila, la cual, dijo, ha visitado constantemente la zona y llevado algunos apoyos, sin embargo, respecto al tema de las viviendas no se ha tenido una alternativa positiva hasta la fecha, ya que a pesar de que se han conformado algunas listas en las que se discrimina a quienes tienen menos años, la problemática persiste.
Por su parte, Enrique Gutiérrez Gutiérrez, locatario del lugar, confirmó que no ha habido acercamiento por parte de las autoridades para dialogar en torno al posible desalojo, y descartó que los predios presenten deterioro que ponga en riesgo su vida, al aseverar que se trata de una estrategia para justificar el desalojo. Consideró injusto que se busque la expropiación de las construcciones y recordó que han sido dos las ocasiones en que se ha emitido una alerta de posible desalojo, sin que ésta se lleve a cabo.
En una versión complementaria a la de la señora María de Jesús, explicó que a los dueños de los predios se les ha planteado que sea el mismo gobierno municipal quien lleve a cabo la demolición, aunque posteriormente se les cobre a través de su impuesto predial, y agregó la pretensión se basa en pagar a 600 pesos el metro cuadrado.
Gutiérrez Gutiérrez comentó tener toda su documentación en regla, y no descartó que en caso de llevarse a cabo un posible desalojo, pueda recurrir a un amparo en contra del mismo.
