A punto de iniciar el período electoral, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) aseguró a la sociedad mexicana que existen razones fundadas para “mantener optimismo respecto del crecimiento económico en el país”. Mediante el comunicado, http://goo.gl/e37Jxo, identificó como indicador del aceleramiento de la economía la “disminución del empleo al pasar de 5.4% en 2012 a 4.4% en 2015” (sic), el “de menor índice entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).”
Aún entendiendo que el Comité Ejecutivo Nacional del PRI celebra la disminución del empleo, queriendo decir desempleo, el dato es equívoco porque la cifra corresponde al índice de desocupación. En México se considera como ocupadas a las personas que obtienen ingresos al realizar cualquier actividad encaminada a ello, incluso por medio de mendicidad callejera. Para hacer comparable la estadística de México con la de los países de la OCDE, habría que sumar los índices de ocupación parcial, subocupación, desocupación y condiciones críticas de empleo que genera el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). Con estos indicadores, en promedio, el desempleo durante los dos años del gobierno priista de Enrique Peña Nieto asciende al 31.55%.
El dato de desocupación, que efectivamente ha descendido a 4.4% de la población económicamente activa (PEA), oculta que su reducción se debe al brutal abaratamiento de los salarios durante el régimen peñista. Entre 2012 y 2014 se sumaron 2.3 millones de personas a la oferta laboral. En ese mismo período, la población ocupada con ingresos de tres Salarios Mínimos Generales (SMG) o menos se incrementó en 3.5 millones, esto es, pasó de 34.1 millones a 37.6 millones de personas. Esto significa que una cantidad igual a todos los que se integraron a la oferta laboral lo hicieron cobrando por su trabajo menos del equivalente de US $9.60 por día. Y además, otras 1.2 millones de personas vieron reducidos sus ingresos y ahora están en este segmento de trabajadores en condiciones críticas. Hoy en día el 76% de la población ocupada en México gana por su trabajo menos de la cantidad suficiente para sostener una vida digna. Añadiendo a los desocupados, resulta que más del 80% de la población económicamente activa se encuentra en condiciones de trabajo indignas en términos generales.
El desempeño de la actual administración, que se precia de ser eficiente en el manejo de la economía, se ve también muy pobre en otros aspectos. La historia de nuestro país demuestra que los sucesivos gobiernos, incluso los encabezados por el Partido Acción Nacional (PAN), tampoco han sido eficientes en este sentido. Durante las administraciones de Vicente Fox y de Felipe Calderón la deuda pública total aumentó 3.8 billones (conforme a la nomenclatura en español) de pesos, quedando en 5.9 billones de pesos al iniciar la administración de Enrique Peña Nieto.
Entre 2012 y 2013, la contratación de deuda se aceleró para financiar la insuficiencia de ingresos. El endeudamiento total del sector público mexicano asciende, al cierre de 2014, a 6.95 billones de pesos, cantidad equivalente a 38.3% del PIB, el mayor nivel en lo que va del siglo XXI.
La deuda pública del país es una carga extraordinaria que ofende sobremanera al ver los dispendios de la más alta burocracia, con hechos tan evidentes que van desde la compra del avión presidencial hasta el reciente viaje al Reino Unido (con 200 acompañantes), pasando por la ostentación del lujo en sus viviendas. Lo se puede prever para 2015, y muy probablemente para los años venideros, es que este endeudamiento servirá para financiar gasto corriente y con ello sólo aumentará el monto de la deuda. Conocer la historia es fundamental: el uso irresponsable de la deuda como mecanismo para financiar el gasto corriente fue causante de desequilibrios macroeconómicos.
Carlos Heredia Zubieta, profesor asociado en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), se pregunta en el más reciente número de la revista Brújula Ciudadana, http://goo.gl/H4xPEU si México es país estrella entre las naciones emergentes, o una economía incapaz de crecer de manera estable y sostenida. ¿Destino favorito de inversionistas globales, o una economía marcada por la ausencia del Estado de Derecho y la incertidumbre en el cumplimiento de contratos? Mientras presume en el extranjero sus reformas estructurales, es un país petrodependiente con más de la mitad de su población en la pobreza, asolado por la corrupción, la impunidad y la violencia. La ineficiencia gubernamental se refleja en “una recaudación tributaria raquítica, altos niveles de informalidad y enormes rezagos educativos, y que entre 2006 y 2013, sufrió la muerte de 70,000 de sus habitantes a causa de la guerra contra el narcotráfico y la violencia del crimen organizado.”
En la misma revista mensual Alberto Núñez Esteva, presidente de Sociedad en Movimiento, señala que la corrupción y la impunidad son un serio desincentivo para la actividad económica del país.
Para cualquier militante partidista honesto -incluso dentro del PRI- debe ser vergonzoso constatar la prevalencia del engaño y la manipulación informativa como estrategia electoral. Se destila la proverbial marrullería en la campaña al presumir los falsos éxitos de “las acciones y programas de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto” y verter carretadas de dinero en propaganda, repitiéndolos millones de veces hasta hacerlos parecer verdad.
Entre otros muchos factores, la desigualdad, el uso de recursos y la impunidad por acciones que engañan o confunden al electorado hace inequitativo el proceso electoral. En México la soberanía radica en el pueblo. Tenemos, en todo tiempo, el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de nuestro gobierno. Y, junto con el derecho de difundir la verdad con la misma intensidad con que promueven el engaño, podemos, a nuestra manera, cambiar al gobierno por cualquier medio legal y pacífico.
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