El mundo se estremece cada vez que se conoce una tragedia, un evento donde cientos de personas pierden la vida, como sucede en un accidente aéreo. Pero cuando la aeronave y todas las vidas a bordo se pierden por un acto que pudo preverse, o por causa de un error o mal juicio de una sola persona, el asunto resulta aterrador. Tal es el caso del avión de Germanwings, que se estrelló este martes en los Alpes franceses con 150 personas a bordo cuyo copiloto fue el responsable de la catástrofe. El copiloto había manifestado ya problemas que revelaban un desequilibrio mental, lo cual debió constituir una llamada de atención ante un peligro en potencia. La responsabilidad que recae en quien tiene las manos al volante o en el timón de un vehículo de transporte público es enorme. Cuanto más es esa responsabilidad de quien conduce un gobierno o dirige los destinos de una Nación.
Así como es responsabilidad total de quien contrata al conductor, imponerle pruebas de eficiencia y habilidades, además de valorar cada cierto tiempo su desempeño, un servidor público reconoce abiertamente su disposición a ser valorado cuando rinde protesta ofreciendo cumplir lo que se le manda y, si no lo hiciere, que la Nación se lo demande. Para realizar esa demanda, en México no existen más mecanismos que el sistema electoral controlado por los partidos. Lo peor que le puede pasar a un mal gobernante es que no se le vuelva a elegir. Y eso si no es que después de protegérsele temporalmente del rechazo público, su partido lo recicle a través de otro puesto. Así las cosas, lo único que permite a un servidor público saber si desempeña adecuadamente su función, son las encuestas de opinión. Hay políticos que llaman a las encuestas “indicadores de popularidad”, término con el que ellos mismos se engañan intentando confundir al minimizar el sentido de la evaluación pública como si sólo fuera para ponerle “medallitas” a su desempeño. En realidad son para decirle si está cumpliendo con lo que prometió en campaña, y si el pueblo desea que siga en su cargo, o que renuncie a él por incompetencia.
La encuesta realizada por un importante medio de comunicación -el Grupo Reforma-, respecto a la percepción pública del desempeño del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, revela que 57% de los consultados desaprueba el gobierno del mandatario. En esta encuesta también se tomaron en cuenta opiniones de líderes en la academia, política, iniciativa privada y organizaciones civiles, quienes lo calificaron con 3.5 puntos en una escala de 10, considerando asimismo que el principal problema en el país hoy en día es la corrupción. Sólo el 39% de los encuestados entre la población en general aprueba la forma en cómo el presidente está haciendo su trabajo.
Otras encuestas también revelan bajo nivel de aceptación de la actual administración. La Primera Encuesta Nacional de Opinión Ciudadana 2015, de GEA:ISA señala que la aprobación del presidente es de 44%. Esta cifra está dos puntos porcentuales por debajo de la que se reportó durante el primer trimestre del tercer año de gobierno de Vicente Fox y 10% menor a la que registraba Calderón en este mismo período de su mandato.
La baja calificación del desempeño presidencial en todas las encuestas se debe a la desfavorable opinión respecto a la seguridad, la corrupción y la economía. En éstas se revela un gran descontento de la población mexicana en el aspecto económico, área en la que el gobierno peñanietista presume de eficacia. Transcurrido ya un tercio del período de la administración, Enrique Peña Nieto encabeza un gobierno que prometió renovación, mover a México con reformas estructurales de gran envergadura. Pero a estas alturas del sexenio lo que refleja es el haber perdido oportunidades y cometido errores muy graves en lo económico, social y político. Acusa malos manejos políticos y económicos, aunados a una cada vez más deteriorada imagen ante el extranjero, desde donde se resaltan actos de autoritarismo, violación de derechos humanos y corrupción. El daño que causa en la población una mala conducción de un gobierno, como ha sucedido ya en el pasado, se refleja en su momento en acciones de descontento civil, y a mediano y largo plazo en grave deterioro de la calidad de vida. Lo que ahora la población reprueba del gobierno, al cabo del tiempo se manifiesta en graves sufrimientos que atentan contra la salud mental o física de la población civil. A la larga resulta ser un crimen contra la población.
El Artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.” El problema que enfrenta la población mexicana ante la mala calificación que otorga a su gobierno, a diferencia de una empresa que evalúa mal el desempeño de un empleado, es que, si bien le asiste el derecho de destituirlo, no cuenta con los mecanismos para hacerlo.
Lo que el mundo vivió ante la tragedia aérea en los Alpes franceses, demuestra que si no se actúa en consecuencia cuando se ha detectado algo que no va bien, el daño resultante puede ser enorme. La evaluación al gobierno peñanietista en las encuestas, son una advertencia. El pueblo puede cortar el daño previsible desde la raíz. Con mecanismos legales y pacíficos, más contundentes que plantones, marchas, “likes” y firmas en portales de internet, deberá ejercer el mandato de alterar o modificar su gobierno conforme al 39 constitucional.
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