- Únicamente el Ejecutivo estatal y el PRD han presentado iniciativas al respecto
- Los diputados del PRD consideran que la propuesta del Ejecutivo es incompleta
- PRD propone enlistar 20 derechos que deben ser garantizados por las dependencias estatales
Luego de que el 4 de diciembre de 2014 se aprobara la Ley General para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes desde el Congreso de la Unión, el plazo de 180 días para su armonización a nivel estatal ha obligado al Congreso del Estado a abordar el tema; siendo el Ejecutivo estatal y el grupo parlamentario del PRD quienes cuentan con iniciativas que proponen los elementos de su armonización.
Según explicó Cuauhtémoc Escobedo Tejada, coordinador del PRD en el Legislativo estatal, el planteamiento es un avance tras 20 años de que no se reconocieran a cabalidad los derechos de los niños y los adolescentes. Recordó que el Ejecutivo ha remitido una iniciativa que tendrá que ser dictaminada en conjunto con la de los diputados perredistas a más tardar el 3 de junio del presente año.
En lo que respecta a la diferenciación entre ambas iniciativas, dijo, se propone que las diferentes autoridades estatales tengan la obligación de garantizar los 20 derechos de los niños y adolescentes: el derecho a la vida, a la supervivencia, al desarrollo, a la prioridad, a la identidad, a vivir en familia, a la igualdad sustantiva, a la no discriminación, al bienestar, a vivir libres de violencia, a la protección de la salud, a la inclusión en caso de discapacidad, a la educación, al descanso, a la libertad de convicciones, a la religión y la cultura; a la expresión y la participación, a la reunión, al debido proceso judicial y a la seguridad pública, a la protección de niños migrantes y al acceso a las telecomunicaciones.
Escobedo Tejada subrayó que con dicha iniciativa la sociedad puede demandar al Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) en caso de no otorgar educación de calidad. Además se establece la prohibición de contraer matrimonio por menores, al ser la mayoría de edad el determinante para lograr el contrato civil.
Algunos otros elementos, detalló, son la obligación que tendrá el Ministerio Público para emitir los protocolos de actuación cuando sean niños o adolescentes quienes se vean involucrados en investigaciones. También se inserta la perspectiva de género en la legislación, al dar prioridad a las mujeres en la respectiva atención por parte de las autoridades.
El diputado local por el PRD estableció que se busca implementar un nuevo sistema de protección de los derechos sin generar una mayor burocracia, garantizando el respeto a los mismos. Se amplían las facultades de las dependencias, específicamente el fortalecimiento de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, instancia del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del estado, para pueda ser competente en materia de emitir la Alerta Amber en caso de la desaparición de un menor, facultad que actualmente se encuentra contenida para la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Sobre el contenido de la iniciativa propuesta por el Ejecutivo, indicó que “no demeritamos la del Ejecutivo, pero deja muchas cosas al buen deseo”, y sentenció que la de los diputados plantea sanciones a funcionarios que sean omisos en el respeto de los derechos y los protocolos y procedimientos correspondientes, así como también sentenció que su aprobación obligará a modificar diversas disposiciones de carácter local, como la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, el Código Civil y el Código Penal.
