- Los diputados aprobaron la separación de la instancia electoral del Poder Judicial del estado
- La LXII Legislatura aprobó la derogación de los delitos electorales en el Código Penal
- La Ley Orgánica del Poder Judicial de Estado ya no tendrá materia electoral alguna
Tal y como lo anticipó hace algunos días el coordinador de los diputados del PRI en el Congreso del Estado, Jorge Varona Rodríguez, la LXII Legislatura avaló la autonomía del Tribunal Electoral del Estado, elemento pendiente para concretar la armonización en la materia político electoral.
Este jueves se presentó el dictamen que deroga la competencia del Código Penal del Estado en materia de delitos electorales, así como la modificación a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado para eliminar toda competencia electoral que estuviera incluida, garantizando así la libre actuación del Tribunal Electoral, el cual será integrado en los próximos meses previo al inicio del proceso electoral local 2015-2016.
Jaime Adolfo Vargas Espinoza, diputado local del Partido del Trabajo, dio lectura al dictamen correspondiente que estuvo en manos de la Comisión de Justicia. Recordó que fue presentada por el grupo parlamentario del PRI-PVEM durante la diputación permanente, con la intención de concretar el proceso de armonización de la legislación federal y local en materia político electoral.
Su proceso, dijo, ha recibido el aval del Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, quienes enviaron las observaciones conducentes. Además detalló que se propone la derogación de los tipos penales correspondientes con delitos electorales, dejando la materia en la legislación federal; también hizo mención a la separación del Tribunal Electoral, que anteriormente se encontraba inmerso en la dinámica de la Sala Administrativa y Electoral del Poder Judicial del Estado, ahora quedando únicamente como Sala Administrativa.
Vargas Espinoza recordó que la normativa se ajusta a la legislación federal sobre la duración de los magistrados, otro de los elementos que se encontró carente de ser solventado en la propuesta inicial de los priistas, así como el hecho de que las entidades federativas puedan conocer de delitos electorales que no estén contemplados en las competencias de la esfera federal.
Posterior a la presentación del dictamen, y sin debate alguno, la propuesta fue aprobada por unanimidad de los diputados presentes.
