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viernes, diciembre 5, 2025

Piden que ya se cierre el proceso legal de Martín Orozco

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  • Es responsabilidad del Ministerio Público concluir con el proceso legal
  • El caso fue abierto con motivos de carácter político: Héctor Larios

En su visita por Aguascalientes para apoyar a los candidatos a diputados federales por el Partido Acción Nacional (PAN), el senador Héctor Larios Córdova señaló que es responsabilidad del Ministerio Público concluir con el proceso legal en contra de su compañero de partido Martín Orozco Sandoval.

El legislador blanquiazul indicó que la acusación fue llevada a cabo con intereses políticos.

–Usted en otros estados a exigido que se investiguen casos de corrupción. En el tema del proceso legal que enfrenta Martín Orozco, ¿cuál sería su llamado?

–Lo que se tiene que hacer es cerrar ese proceso, que es público y que fue abierto con motivos de carácter político. Es obligación del Ministerio Público y del procurador cerrar ese proceso.

–Cerrarlo a favor de Orozco?

–Lo que se tiene que hacer es juntar los elementos de convicción, si hay la convicción de que cometió un delito tiene que ponerse a disposición de un juez y si no, tiene que decretarse el fin del proceso.

–¿Antes de que se postule como gobernador, si ese fuera el caso?

-La administración de la justicia no tiene que esperar eso, incluso fundamentalmente el propósito político era evitar que se registrara como candidato en su momento.

Orozco Sandoval está acusado de tráfico de influencias y uso indebido del ejercicio público por la venta de un terreno propiedad del municipio de Aguascalientes en 2007, cuando fungía como presidente municipal. Tres años después se le dictó auto de formal prisión; sin embargo, tras el pago de una fianza de 23 mil pesos pudo enfrentar su proceso en libertad.

Al asumir el cargo de senador en 2012 solicitó la suspensión del proceso penal hasta que concluyera su encargo. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó suspender el proceso legal en su contra debido a su investidura, pero la Procuraduría General de la República (PGR) tiene la opción de iniciar un proceso de desafuero a través de la solicitud de un juicio de procedencia.

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