Con bombo y platillo, tanto el Ejecutivo Federal como el Congreso de la Unión nos recetaron este último mes como un gran logro, tanto unos como otros celebraron la aprobación de las reformas a las leyes para crear un sistema anticorrupción y combatir la impunidad. Al aprobarse se mandaron las modificaciones al Ejecutivo para su promulgación, cosa que no ha sucedido pues se esperó a que la agenda del presidente tenga espacio para realizar un evento magno y hacer de este evento un logro del Gobierno Federal.
Todo esto nos hace ver que tal vez la urgencia para sacar adelante estos acuerdos no era para que estos flagelos de nuestro país sirvieran para erradicar la corrupción y que las leyes se apliquen a todos aquellos que incurran en la misma. Sin embargo sí hacen que los tiempos para promulgar este “logro” se aplacen para que sea más un evento político que legal y de voluntad de terminar con esta etiqueta que ha manchado la imagen del país, tanto internamente como en el exterior, pues las grandes empresas en sus informes hablan que sólo con “moches” se puede participar en la obra pública en nuestra nación. Las últimas revelaciones de llamadas de una empresa española, beneficiada con grandes obras en el Estado de México, la ha puesto a punto de colapso en la bolsa de valores y suspendieron su enlistado en la misma. El gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, tratando de lavar la cara ha suspendido el cobro del circuito mexiquense, que es una de las obras asignada a OHL, la empresa investigada con matriz en España.
Las revelaciones de casas de los máximos dirigentes de nuestro país, y los señalamientos en varios estados por parte de los gobernadores, los cuales no han sido aclarados y cada día se enredan más, han dado paso a la creencia de que así como se ha detenido la promulgación del sistema anticorrupción, igualmente su aplicación será diferida y sólo servirá para dar la impresión de que están arrepentidos y que se van a “componer”. Pero esto sólo se creerá con hechos y cuando los proveedores y contratistas de los tres niveles de gobierno y de los tres órdenes nos digan que no les están pidiendo porcentajes de su trabajo y de los costos de sus productos.
En países como Estados Unidos han caído y sido enjuiciados funcionarios de todos los niveles. La vicepresidente de Guatemala renunció ante el señalamiento de corrupción. En Brasil, Dilma Rousseff ha tenido que destituir a varios funcionarios, tanto de su gobierno como de la empresa Petrobras, buscando bajar la presión social y mandar el mensaje de estar “limpiando la casa”, pero parece que no le ha dado resultado.
El combate a la corrupción no es sólo de leyes, es una forma de vida. Es el reconocimiento al que trabaja de manera honrada. Desde la infancia se deben de imbuir los valores de trabajo y honradez, pero no sólo con el discurso, sino con el ejemplo, y también con el señalamiento y castigo de quienes violan la ley, pero reconociendo a aquellos que se ganan la vida de manera honrada.
Tenemos que descartar de nuestra forma de vida el lema que dice: “el que no transa, no avanza”, debemos de dejar atrás la creencia de que el “movidoso” es el único que triunfará en su actividad.
Hoy se necesita que tanto la sociedad como los funcionarios tomen conciencia de la obligación de respetar la ley, y que la competencia para conseguir contratos debe de ser en el marco de la ética y del respeto al marco jurídico, pues para que haya corrupción se necesitan dos: el que da y el que recibe, y esos dos, cuando incurren en esas faltas de honradez, afectan a todos aquellos que sí trabajan de manera legal, o bien los obligan a caer en ese sistema corrupto. Alguien comentaba que lo único que va a pasar es que las “mordidas” se van a encarecer.
Ahí va a estar la ley. Veamos cómo se va aplicar y cómo se va a respetar. La riqueza ya no debe ser en beneficio de unos cuantos y las inversiones públicas se deben de hacer para mejoramiento de todos los mexicanos y no sólo para la minoría que viene disfrutándolas.
