- La LXII Legislatura dio el aval a la transición real de la Procuraduría a la Fiscalía
- Únicamente la diputada panista, Sylvia Garfias Cedillo, se opuso a aprobar el dictamen
- Los diputados Israel Sandoval y Adolfo Suárez presentaron reservas que fueron rechazadas
- Dentro del dictamen se incluyeron los planteamientos de los diferentes legisladores
Tras haber aplazado la sesión ordinaria de esta semana, la LXII Legislatura del Congreso del Estado logró el consenso y con ello la aprobación de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado, órgano que sustituirá a la actual Procuraduría General de Justicia del Estado, caracterizándose principalmente por su carácter autónomo respecto el Poder Ejecutivo estatal, así como de los poderes Legislativo y Judicial.
Juan Manuel Méndez Noriega, presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, fue el encargado de presentar el dictamen ante el pleno. Recordó que su elaboración corrió a cargo de las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales así como de Justicia, y detalló el proceso legislativo al que se sometió el asunto en cuestión, compuesto por las dos iniciativas, la del gobernador Lozano de la Torre y la del grupo parlamentario del PAN.
El 26 de febrero se presentó la propuesta de Ley Orgánica de la Fiscalía por parte del Ejecutivo, siendo turnada el 2 de marzo a las comisiones correspondientes; mientras que la del PAN fue presentada hasta el 7 de mayo y al día siguiente enviada a las comisiones para su estudio. El 9 de marzo la Comisión de Justicia solicitó la opinión del procurador y secretario de Gobierno, recibiendo respuesta el 18 de marzo; además, en el caso de la iniciativa del PAN, el mismo 7 de mayo se solicitó la opinión de los poderes Ejecutivo y Judicial, recibiendo respuesta el 4 de junio. Al día siguiente, 5 de junio, se recibieron las observaciones del legislador de Movimiento Ciudadano, Oswaldo Rodríguez.
Méndez Noriega señaló que ambas propuestas coinciden en la necesidad de garantizar un marco normativo que regule la actuación de la Fiscalía General de Justicia del Estado, por lo que justificó que se hayan conjuntado en un solo dictamen. Recordó también que fue hace más de un año, el 14 de junio, cuando se garantizó constitucionalmente, en el estado, la autonomía y creación de la Fiscalía, y reiteró que los ajustes correspondientes en la legislación orgánica hacen mención al carácter operativo de la instancia, desde el nombramiento del fiscal, hasta los protocolos que seguirá en torno al fenómeno de las desapariciones, siendo los mismos ministerios públicos quienes estén encargados de emitir órdenes de búsqueda para personas desaparecidas y conformar el protocolo para la activación de la Alerta Amber.
Luis Fernando Muñoz López, presidente de la Comisión de Justicia, intervino para defender la aprobación del planteamiento, aseveró que la iniciativa estuvo alimentada por las propuestas de los diferentes actores y la calificó como un renovado esfuerzo institucional que tiene resultados de carácter cualitativo, al pasar de la Procuraduría a una Fiscalía autónoma, desvinculada de los tres poderes pero parte del Estado mismo, evitando así todo tipo de presiones, ya sea de carácter político o de poderes fácticos, y fortalezca el funcionamiento de los ministerios públicos.
La iniciativa fue aprobada en lo general por 23 votos a favor, por uno en contra, de la panista Sylvia Garfias; y una abstención, del también panista Adolfo Suárez, así como la ausencia de los legisladores panistas Martha Márquez Alvarado y Ulises Ruiz Esparza de Alba.
Israel Sandoval Macías, legislador del grupo parlamentario del PAN, presentó dos reservas que proponían la conservación del derecho a denunciar pero también el posible castigo para quienes presentaran denuncias con elementos y argumentos falsos; fue votada por siete votos a favor (PAN-PRD) y 18 en contra (PRI-PVEM-PANAL-PT-MC).
Hizo lo propio Adolfo Suárez Ramírez, al proponer un esquema para cubrir la sustitución temporal del fiscal especial en la atención de delitos electorales, ya que consideró que existía una laguna en el dictamen aprobado, por lo que propuso instaurar un procedimiento de nombramiento del propio fiscal basado en el cumplimiento de los requisitos que actualmente se establecen para ser magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; también añadió una reserva en la que planteó la instauración de la obligación de los ministerios públicos para dar celeridad a la recepción de denuncias, estableciendo un máximo de dos horas para dar cauce a las mismas; y propuso además la creación de un Consejo de Participación Ciudadana para la Fiscalía. Las reservas fueron votadas en contra por 20 votos y a favor por los cinco diputados presentes del PAN.
