En la sesión ordinaria llevada a cabo el viernes de la semana pasada por mayoría fue aprobada la ley que crea la Fiscalía del estado de Aguascalientes.
En primera instancia, el viernes señalé mi postura en contra de dicha ley, la cual se quedó corta no sólo por no incluir las propuestas del grupo parlamentario del PAN, sino al no garantizar la autonomía de la Fiscalía.
Dicha ley no establece las facultades que deben tener las unidades y mandos de la Fiscalía General, además permite que el propio fiscal reglamente quien lo suplirá en sus ausencias temporales.
Tampoco constituye de una manera clara los supuestos en que debe darse la ausencia temporal del fiscal general, así como las del personal adscrito a la misma. Permitirá que él mismo pueda alterar la estructura de la organización con fines que no son necesariamente de la procuración de justicia.
Además mantiene la denominación de agentes del Ministerio Público, a pesar de que el nuevo Sistema de Justicia Penal refiere a fiscales integradores.
En mi opinión, lamentablemente deja a un lado la inclusión de la investigación ministerial desde la perspectiva de género, no considera la obligatoriedad de capacitar e implementar protocolos de investigación con perspectiva de género, como los promovidos por la Organización de las Naciones Unidas, ni contiene la obligatoriedad de activar herramientas de búsqueda de personas extraviadas, como lo es la Alerta Amber.
En el mismo orden de ideas, deja muy escuetas las actividades y la conformación del Consejo de Profesionalización del Servicio Profesional de Carrera, elimina un órgano importante, el Consejo de Honor y Justicia, y quita la ciudadanización -conformación interna- del Consejo de Participación Ciudadana, órgano que desaparece en contraste con la vigente Ley del Ministerio Público. Se elimina la posibilidad de mantener un control de la eficiencia y la efectividad al contemplarse en la propuesta del grupo parlamentario del PAN la obligación de rendir informes semestrales al Consejo de Participación Ciudadana y al Congreso del Estado.
Considero que para el nombramiento del primer fiscal estatal autónomo es fundamental llevar a cabo un análisis exhaustivo de los perfiles para desempeñar esta encomienda, ya que con la ley “mocha” que ha quedado, debemos ser muy minuciosos con la persona que ha de ocupar el cargo.
Debe ser alguien con un perfil verdaderamente profesional e imparcial, una persona que tenga probada rectitud, que obedezca los intereses de la gente y no de los grupos de poder o grupos fácticos.
Desgraciadamente sabemos que con el nombramiento del primer fiscal estatal autónomo, el tema de la autonomía quedará en una utopía, pues existen intereses que impidieron crear una ley acorde con las necesidades y exigencias de dicha responsabilidad.
