En nuestro país existen 15 millones de personas sin acceso a la seguridad social dentro de sus empleos, de una población total aproximada de 33 millones de personas con esa posibilidad, siendo éstas las que cuentan con un trabajo remunerado. Tan solo el 55% goza de seguridad social.
Hace unos días, el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República hizo público un informe de las condiciones en las que se encuentra el sector de quienes se dedican al trabajo remunerado en hogares de terceros. Aquí las cifras resultaron alarmantes. De entrada, 2.2 millones de los trabajadores que no cuentan con seguridad social se encuentran en este sector, prácticamente el 100% de quien trabaja en un hogar de tercero carece de seguridad social.
Podemos decir que la seguridad social es definida como la forma de garantizar a los trabajadores el derecho a la salud, a la asistencia médica, a la protección de los medios de subsistencia y al otorgamiento de pensiones, entre otras cuestiones.
Al revisar el informe mencionado, una de las cifras que más llama la atención es que el 91.4% de quienes ejercen como trabajadores del hogar son mujeres. Aquí vale la pena detenernos para comentar que históricamente las mujeres han sido consideradas como un sector en condiciones de vulnerabilidad, lo cual se agudiza cuando se habla de quienes prestan un servicio en hogares de terceros, dejando en claro que el estado ha sido incapaz de generar condiciones adecuadas para prevenir y erradicar la discriminación en contra de la mujer trabajadora del hogar.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que todos tenemos derecho a la seguridad social, lo cual en México no ha podido cumplirse, por el contrario, la regla general es que los trabajadores del hogar no cuentan con ese derecho. El 98.6% de trabajadores del hogar no cuenta con un contrato por escrito en donde conozca sus derechos y obligaciones. El 70% de ellos gana menos de dos salarios mínimos diarios ($140.20).
El Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social (Coneval) ha establecido una Línea de Bienestar Económico (LBE) que es una forma de medición de los ingresos que alcanzan para cubrir los bienes y servicios para satisfacer necesidades básicas. El 62.8% de trabajadores del hogar recibe ingresos menores a la LBE, considerándose en pobreza por ingresos.
Durante años éste ha sido un sector olvidado en el país. Muestra de ello es que la propia Ley Federal del Trabajo segrega a este grupo y lo regula de manera especial, lo cual no puede considerarse como malo de entrada, sin embargo, cuando encontramos algunos puntos como el permitir jornadas de 12 horas diarias, el no establecer obligación para celebrar un contrato por escrito, el no obligar a los patrones a brindar seguridad social y así algunas otras, resulta que la diferenciación sí genera un daño, es decir, existe discriminación. Además algo preocupante es que el mismo estado no ha creado las facilidades para el goce de los derechos sociales. El Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) al respecto ha propuesto crear contratos tipo que regulen dichas relaciones laborales, establecer mecanismos de solución de conflictos ágiles, entre algunas alternativas.
Además de la adecuación necesaria de las leyes laborales, es urgente un compromiso social entre los empleadores para generar mejores condiciones para este sector que se respeten los derechos humanos y se contribuya a la generación de una mejor calidad de vida.
@OzielGuerrero
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