Para nadie son desconocidos los profundos cambios institucionales que ha experimentado el país en los últimos treinta años. México es otro. Pero los retos presentes claman nuestra acción clara y efectiva, para continuar dando pasos certeros a fin de que la consolidación democrática se caracterice por mayor participación, con rendición de cuentas, mejor regulación y transparencia.
En ese sentido, es vital que la administración pública, tanto nacional como estatal y municipal, avance metódicamente por el camino de la eficacia, la medición de resultados y la fiscalización. Lo que se evalúa y transparenta se puede perfeccionar. Esos principios se observan claramente en la iniciativa de Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, presentada hace unos días por el presidente Enrique Peña Nieto.
Esta propuesta normativa corresponde a la Reforma Constitucional en la materia vigente desde mayo de 2015, cuyo propósito es lograr la gestión más eficiente de los recursos públicos y la puntual rendición de cuentas.
Evitar la discrecionalidad y el derroche de recursos, y en cambio optar por la regulación programática y transparente del gasto, son las rutas propuestas. Para ello, se propone un esquema financiero que acote la contratación de deuda a nivel local, especialmente en entidades y municipios que han incurrido en excesos. Se busca afianzar la estabilidad de las finanzas públicas y el sistema financiero para que las participaciones federales se traduzcan en bienestar social y desarrollo sostenido.
Para el logro de este propósito, la iniciativa plantea que los tres órdenes de gobierno se guíen por los principios de responsabilidad financiera y hacendaria, que los hagan propios y sus administraciones los traduzcan en acciones cotidianas. Cito los cinco componentes de la ley:
- Reglas y estándares de Disciplina financiera.
- Nuevas obligaciones para contratación responsable de deuda.
- Creación de un Registro Público Único para transparentar obligaciones financieras.
- Se establece un Sistema de Alertas de Deuda Pública para estados y municipios.
5.- Estados y municipios podrán obtener créditos con aval de la Federación.
La iniciativa fija mecanismos de medición y control del balance fiscal en estados y municipios para garantizar equilibrio en ingresos y egresos. Establece límites al techo de financiamiento, de acuerdo al nivel de endeudamiento. Plantea medidas preventivas para evitar los gastos desmedidos en servicios personales, y también para reglamentar los fondos para hacer frente a desastres naturales. Además hace vinculantes los ingresos excedentes a la amortización de la deuda pública, y fija criterios claros para la planeación financiera y el desarrollo de proyectos de inversión.
Corresponderá, en consecuencia, al Congreso del Estado formular las iniciativas que en el espacio local armonicen las leyes de la entidad en congruencia con la disposición constitucional y la ley general que seguramente expedirá el Congreso de la Unión. El grupo parlamentario PRI-PVEM aportará voluntad y compromiso en esta tarea, como lo ha acreditado a lo largo de esta Legislatura. De hecho, con las reformas a diversos ordenamientos, entre diciembre de 2014 y marzo-julio de 2015, con la suma de todos los grupos parlamentarios, justo es puntualizarlo, ya hemos realizado acciones positivas en estos aspectos. Destacan: Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria; Código Fiscal; Ley de Hacienda; Ley del Procedimiento Administrativo; Ley de Coordinación Fiscal; Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios; Ley de Bienes del Estado y Ley de Fiscalización Superior.
El nuestro es un estado con finanzas públicas sanas que amplía su infraestructura para el crecimiento económico y el bienestar social, y destaca en varios indicadores de la economía nacional. El tema es traducir esta dinámica en mayor desarrollo para todos. Uno de los requisitos es, como podemos advertir, el de la disciplina y transparencia.
Actualmente, ciudadanos y gobernantes compartimos la inquietud de plantear nuevos escenarios para afrontar con éxito los desafíos que nos impone una agenda pública más exigente y comprometida, que a su vez se corresponda con la dinámica global.
La Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios es una propuesta audaz que apuesta por la eficacia. Permitirá mayor orden para actuar con total decisión, corresponsabilidad y transparencia, con visión de largo plazo, con el ánimo de perfeccionar el marco legal que nos permita que el gasto público se traduzca en más oportunidades de desarrollo y bienestar.
Nuestro país necesita que legisladores, gobiernos municipales, estatales y Gobierno Federal unamos esfuerzos y compartamos estrategias con la ciudadanía. Es momento de cerrar filas por México, por el futuro de la nación y por Aguascalientes. Construir sin improvisar, con la adecuada planeación y asignación de riesgos. Hemos avanzado sensiblemente en este aspecto en Aguascalientes a lo largo de varios lustros, aunque, admitamos, con lamentables sesgos en el pasado reciente. Hoy es oportunidad de consolidar e impulsar las reformas necesarias para generar políticas públicas para el más eficaz uso y destino de los recursos de todos los ciudadanos. Daremos este y los pasos que sean necesarios.
Tenemos que hacer una amplia convocatoria a la congruencia, a pensar en incluir a los excluidos y acabar con la desigualdad social, a reflexionar en lo indispensable de crecer en el terreno de la competitividad y el desarrollo sustentable, cuyos frutos y beneficios sean producto del esfuerzo de todos y para el beneficio de todos.
