Los partidos de oposición no lo son sólo porque no ganaron una elección; quedarse en esta posición sería demeritar la democracia y restarle importancia a la necesaria función política que deben tener estos partidos al asumir un poder de contrapeso al poder que ejerce un gobierno.
Uno de los principios que estructura y rige, todavía, al sistema político mexicano es ‘el poder se ejerce, no se comparte’; es un principio planteado y seguido por los constructores de nuestra política desde los tiempos de la posrevolución mexicana. Es también un principio que sigue siendo vigente en muchos gobiernos, particular y precisamente aquéllos emanados del partido que fue el iniciador del sistema, el PRI.
¿Cuál es el efecto de la vigencia del principio político en nuestra forma de gobierno? La respuesta la podemos observar en dos líneas: la primera es, y sigue siendo cuando se aplica, entender equivocadamente la función de gobernar una sociedad; la segunda recae en el papel que juegan los partidos políticos que no ganaron la elección, traduciéndose en los hechos, en su casi total exclusión de las decisiones del Estado.
Tenemos ahora otras preguntas: ¿en qué podemos notar que un gobernante aplica el principio de que ‘el poder se ejerce, no se comparte’?, ¿cómo se reproduce y retroalimenta su aplicación? Los ejemplos pueden ser los siguientes casos: cuando la causa o el origen de cualquier acción de gobierno se expone a la sociedad como querida y ordenada por el presidente de la República o el gobernador; de esta manera lo que se hace, dicen los funcionarios, fue porque lo ordenó el gobernante, sea en el campo de la salud, de la educación, de los programas sociales, de la obra pública, de la vivienda, de la seguridad pública, etcétera. Significa que las acciones de gobierno se realizan ‘si y sólo si’ el gobernante las ordena, y no porque la ley lo determine, o la sociedad lo requiera. Este es el escenario en que los partidos políticos de oposición quedan, prácticamente, si no anulados sí marginados de la función de gobierno (en un escenario ‘de dictadura’, estos partidos asumen un papel ornamental).
De esta manera, una cosa es la ‘responsabilidad’ del gobierno, y otra, la capacidad legal de llevar a cabo las acciones de gobierno por las personas que participan en las instituciones políticas, lo que se traduce en ejercer un poder político en los diferentes campos de la administración pública (hacer que sucedan las cosas). Cuando un gobierno manifiesta irregularidades en el ejercicio de los poderes políticos, determinados por la ley en lo que deben hacer los servidores públicos en las dependencias de gobierno, entonces el presidente de la República o el gobernador serán los únicos responsables de que no se corrijan tales irregularidades.
Este es el panorama que se convierte en el reto para los partidos de oposición, como corresponde ahora al PAN en esta reflexión; es un reto que inicia desde dentro, para poder llevarlo a los planos del ejercicio del poder político en los ámbitos de gobierno.
Una primera observación para un partido de oposición es ‘que lo tomen en serio’; es una característica que tiene dos caras: la primera consiste en lo que deben hacer y cómo lo deben hacer los directivos del partido, sus gobiernos y sus legisladores para ‘ganarse’ el que los tomen en serio. La segunda cara, consecuentemente, consiste en que su participación en como oposición tenga impacto y efecto, y no se quede en el ‘dejar hacer, dejar pasar’.
Una ocasión para observar esta circunstancia, además del papel que juegan sus legisladores, por ejemplo, en el Congreso del Estado de Aguascalientes es la elección de la dirigencia nacional del partido. Una pregunta que ayude en este contexto puede ser la siguiente: ¿por qué un evento como éste, que se lleva a cabo con el método democrático, llega a ser menospreciado y minimizado por actores políticos, y también por medios de comunicación? La respuesta no puede quedarse en contestarles con la misma moneda de la descalificación; de ahí la importancia de lograr que sea tomada en serio la elección y sus resultados. La práctica de la democracia interna -no obstante las deficiencias que pueda tener-, debe ser considerada como un valor de congruencia política (los medios parecen poner más atención a los dedazos).
Otro elemento presente en el reto del partido de oposición es, exactamente, el poder ejercer plenamente el papel y la función de la oposición. El fundamento de la oposición se encuentra, además de lograr ser ‘tomado en serio’, en la representatividad que tenga de la sociedad; es decir, qué tanta identificación tienen los dirigentes y legisladores con las demandas ciudadanas, qué tanto son éstas las que están presentes en su discurso partidista, en sus propuestas de trabajo, y en la revisión y auditoría de las acciones del gobierno.
Cuando un partido de oposición habla de lo que a los ciudadanos interesa, con referencia precisa a los problemas y necesidades de determinados grupos humanos en determinados lugares, entonces su presencia como oposición tendrá una solidez que rebasa a la misma institución partidista, al poner por delante a la sociedad; el partido político se convierte en el puente entre la sociedad y el gobierno.
Ante un gobierno de corte autoritario, la descalificación o marginación del partido político opositor tendrá, por lo tanto, un nuevo significado como es el de la descalificación o marginación de la misma sociedad representada. En otras palabras, una efectiva oposición logrará convertirse en contrapeso del gobierno autoritario y, prácticamente, obligarlo -con la representación atinada de la sociedad- a atender y resolver los problemas que viven los ciudadanos.
Hoy el PAN tiene dos excelentes candidatos; la observación de los ciudadanos estará pendiente de que su proceso democrático enriquezca la oposición política del país, al dar ejemplo de que el ejercicio del poder sí es compartido con su militancia, y tiene efectos saludables.
