Por Jaime Villasana Dávila
Concluye la primera mitad del sexenio del presidente Peña. Inicio señalando que su elección no fue fácil dado que su triunfo sobre AMLO no fue tan holgado, aunque suficiente para no alentar protestas de dicho personaje tal como lo hizo en 2006. El regreso del PRI causaba, en ese momento, cierta incertidumbre pues millones de mexicanos que no votaron por él (la mayoría) desconocíamos cómo sería el comportamiento de un partido que gritaba a los cuatro vientos que se había transformado.
Lo cierto es que, a los pocos meses de su mandato, sorprendió también a millones de mexicanos cuando se anunció el Pacto Por México en alianza con PAN, PRD y obviamente su partido. Haber llegado a ese acuerdo requirió talento y buenas capacidades negociadoras.
Inició y concluyó el proceso de las altamente esperadas reformas en educación, telecomunicaciones, política y (la muy esperada) energética. Más adelante se agregaron otras como la de Transparencia y del Sistema Nacional Anticorrupción. Faltaron otras como la del campo y la municipal.
Sin embargo y a pesar de estos tremendos logros, al mismo tiempo se iban gestando obstáculos y algunos de ellos autoimpuestos por el mismo Gobierno Federal. Uno fuera de su control lo es la actual crisis internacional en materia económica y petrolera. Como mexicanos tuvimos mala suerte pero al menos estamos ya preparados para el siguiente boom petrolero.
Luego apareció otro obstáculo o problema que estaba dividido en cuanto a responsabilidades; la educación. Aquí el tema recae en gobiernos estatales y federal. La mayoría de estados pudieron arrancar la implementación de la reforma, pero los más débiles en lo institucional (Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Chiapas) simplemente no pudieron. Tuvo que entrar el Gobierno Federal a su rescate pero lo hizo tarde.
Luego se presentó otro obstáculo, aunque en realidad nunca se ha ido; corrupción e impunidad. Y este sí es responsabilidad directa del Gobierno Federal en el nivel que le toca. Pero como en este país estados y municipios dependen de recursos federales, prácticamente su responsabilidad es casi total.
En este tema y a nivel federal nada ha pasado. Los casos de Casa Blanca, Moreirazo y OHL, por citar algunos, siguen sin consecuencias. Con los cientos de casos a nivel estatal y municipal es lo mismo, salvo el exgobernador Granier de Tabasco, pero ahí se debe más al gobierno estatal.
Estamos pues en la segunda mitad de sexenio. Los partidos han mostrado ya sus prioridades y la del presidente no puede ser otra más que meter a la cárcel a corruptos como lo está haciendo Brasil. Es lo único que hará que los mexicanos recuperen la confianza en sus instituciones.
@jvillasanad
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