El estadista inglés Winston Churchill en cierta ocasión señaló que la democracia era “el peor sistema de gobierno diseñado por el hombre. Con excepción de todos los demás”. En este mismo orden de ideas podríamos sugerir que los partidos políticos son las más deficientes instituciones para la organización social que inciden en la transformación efectiva de las naciones democráticas, a excepción de todas las demás agrupaciones colectivas.
Para suplir esas deficiencias está la sociedad organizada. Por ello es necesario que los ciudadanos independientes, las asociaciones civiles, políticas, empresariales, religiosas, comunitarias o profesionales, los sindicatos y los movimientos sociales, establezcan vínculos políticos estables que rompan la dispersión y la atomización individualista, que propongan sus propios proyectos de nación y de Estado, que impulsen, mediante actos legislativos y de gobierno, su visión de sociedad y de República y, de esta manera, incidan positivamente en las decisiones públicas para lograr cambios profundos.
Y es aquí donde se hace patente la importancia real de los partidos políticos. Hasta el momento no ha surgido un tipo de organización que los reemplace. Ocupan un rol protagónico como instrumentos de integración colectiva y formación de cuadros para la representación política; además, son vitales para mediar como gestores de las demandas sociales ante las instituciones del Estado.
Los partidos deben ser fuente de civilidad y participación ciudadana. Tan necesario es que los partidos se transformen, como indispensable que las personas se involucren en los cambios. De acuerdo con el Informe País sobre la Calidad de la Ciudadanía en México (IFE, 2014), tres de cada diez mexicanos no confía nada en las demás personas; en estados como Aguascalientes, el 50 por ciento expresó su desacuerdo con puntos de vista diferentes al suyo; y a nivel nacional, 52 por ciento de los jóvenes de 18 a 29 años no se identifica con ningún partido.
Según la encuesta Confianza en las instituciones, elaborada en enero de 2015 por el Gabinete de Comunicación Estratégica, cerca del 83 por ciento de los encuestados expresó que las instituciones públicas en México persiguen intereses económicos y sólo un poco más del once por ciento cree que buscan cumplir con la sociedad. Al preguntar dentro de un abanico de 17 instituciones si confiaban mucho, algo, poco, o nada, los partidos políticos resultaron ser las instituciones que mayor desconfianza les provocan. Más del 84 por ciento confía poco o nada en los partidos, y sólo el uno por ciento confía mucho.
Es imperativo estructurar mecanismos para la recuperación de la confianza en la política, que debe ser espacio para las razones y las causas de todos. De ahí que la civilidad entre ciudadanos, partidos e instituciones democráticas sea un asunto clave para demostrar que es viable la convivencia de la diversidad y el debate de las ideas con tolerancia y respeto, así como con resultados tangibles de bienestar social, seguridad pública y humanización de la justicia.
Los ciudadanos hacen posible la democracia porque la construyen por sí mismos con el sufragio; además, singularmente, mediante la organización y acción colectivas, como los partidos, las agrupaciones civiles y gremiales, así como los grupos de interés. Así dan forma y aglutinan las prioridades de la sociedad, acotan e indican cuánto demandan a los congresos y a los gobiernos, a fin de que con legislación y administración pública aborden precisamente esta problemática social, económica y cultural. En ese sentido, la participación ciudadana es decisiva para romper el círculo pernicioso del malestar y el rechazo a la política.
Más allá de las visiones pesimistas, podemos asegurar que la democracia está progresando. Lo acredita el hecho por el cual, nacional y localmente, la ciudadanía ha decidido alternancias de uno y otro signo ideológico, elige libremente y prevalece la paz social. Lo vemos, además, en el nacimiento y la consolidación de múltiples instituciones públicas y asociaciones ciudadanas que suman esfuerzos para frenar la corrupción y evitar la concentración del poder; que establecen controles, mecanismos de contrapesos y dan seguimiento a la toma de decisiones democráticas.
Hace más de tres décadas, el visionario Pablo González Casanova anticipó: “La presión popular debe ser canalizada a fin de unificar el país para la continuidad y la aceleración de su desarrollo, permitiendo la expresión y la organización de la disensión hacia el juego democrático y la solución pacífica de los conflictos”.
Para el avance democrático es indispensable hacer frente al llamado déficit de ciudadanía. Los partidos políticos están llamados a motivar el interés ciudadano en la interacción pública y la colaboración. Es fundamental ir al encuentro de la ciudadanía e invitarla a participar y transformar todo aquello que es necesario cambiar. Ello impone un deber político de eficacia y de carácter ético: tienen que ser más transparentes, abiertos, formar mejores cuadros, mejorar sus procesos de selección, formación cívica y representación ciudadana. En esa medida, se ampliará la participación comunitaria en los asuntos públicos, de la cual han de nutrirse las decisiones de nuestra vida colectiva, para que así nuestra democracia continúe su desarrollo, atendiendo las causas humanas, sociales y culturales que son el signo de nuestro tiempo.
