Uno de los temas que más nos atañen y que más apasiona, tanto a la sociedad como a esta columna, es la libertad de expresión; sobre ella se han escrito miles de tratados, libros, artículos y por ella se ha derramado sangre. Nació en las postrimerías de la revolución francesa, amparada de los pensadores ilustrados y de la mano de otros derechos fundamentales como la propiedad, la libertad y la seguridad jurídica, no en balde se les clasifica como derechos de primera generación, aunque a los intelectuales del derecho no les guste actualmente dicho término, la justificación es muy clara: son ese primer núcleo de prerrogativas que se conquistó y que, creo que a diferencia de los de segunda o tercera generación, pueden provocar aún enfrentamientos armados.
Pero la libertad, en general y en su particularidad de expresión, no es absoluta, hace ya bastante años que ha quedado claro que tiene que crear diques, un desbordado derecho se transformaría en realidad en libertinaje. La realidad es que esas contenciones son las que le dan verdadera posibilidad de materialización, pues una amplitud que no midiera límites, absorbería, rebasaría o violaría el derecho de los demás y entonces se vería nulificado en aras de una presunta libertad total, muchos años ya que el liberalismo a ultranza quedó rebasado no sólo teórica sino política e incluso pragmáticamente.
En este sentido, buscamos que los mecanismos de veda sean los mínimos indispensables, incluso la Constitución es muy clara al señalar en su artículo 6 que “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley” el problema de su materialización es que el único reglamento que existe al respecto es vetusto, anticuado y prácticamente no es vigente; y sin embargo ninguna autoridad se ha atrevido a darle un nuevo matiz a los límites del derecho de expresión, cual si no se quisiera tocar a los medios de comunicación ni con el pétalo de una norma, para muestra pensemos en el derecho de réplica, cuya materialización jurídica tiene un retraso, según el Violómetro Constitucional del Cide de 7 años, 9 meses y 14 días.
Uno de los límites que debemos imponer a la libertad de expresión es el caso de la narcocultura, afirmo el derecho estatal para regular cualquier manifestación de esta naturaleza. Mi posición en un inicio, en especial sobre los narcocorridos, era que nadie podía limitar la libertad de expresión, amparados en precisamente la enorme apertura que debemos tener hacia ella, pues cualquier control por cuestión de gustos o preferencias, puede llevarnos a una ley mordaza. Sin embargo, con el pasar de los años me parece que toda la parafernalia en torno al narcotráfico debe ser extirpada de nuestro imaginario colectivo, en un inicio con la autocensura que hagamos como sociedad, pero además creando límites para su acceso, como la prohibición de exhibición pública y masiva, o a través de los medios masivos de comunicación, en concreto radio y televisión. Y es que el dolor y sufrimiento que se ha sentido en este país a causa de este mal, hace que pensemos y justifiquemos los límites; no es posible que miles de mexicanos sufran a diario por la desaparición de un ser querido y que en algún baile masivo un intérprete haga apología de los “levantones”. Es tan contradictorio esto, sufrir como país y que un grupo social importante cante con gusto corridos que reproducen en diferentes versiones y con distintos matices, casi siempre apologéticos, ese sufrimiento, ya hemos reseñado dos documentales fascinantes sobre el tema, el de Narco cultura (2013) de Shaul Schwarz y Cartel Land (2015) de Matthew Heineman, ambos muestran esta contradicción de la sociedad mexicana.
Mi pensamiento ha cambiado y sigue en proceso, el holocausto que hemos vivido en México con miles de muertos y desaparecidos a veces me lleva a pensar que además de la reglamentación, tendríamos que tipificar como delito cualquier apología del narcotráfico, sin embargo, la libertad, piedra angular de nuestra sociedad, me devuelve hacia la idea reglamentaria más que prohibitiva.
