La palabra proclividad proviene de proclive; de acuerdo al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el primer significado del término proclive es “Que está inclinado hacia adelante o hacia abajo”, y el siguiente es “Inclinado o propenso a algo, frecuentemente a lo malo”. La aplicación del concepto de proclividad en los ámbitos de política y gobierno nos lleva al estudio de las circunstancias que están presentes en hechos que consideramos negativos, ya que, con frecuencia, las dejamos de lado y no les prestamos ni atención ni importancia.
En este esquema de análisis, la proclividad de los gobiernos nos lleva a detectar la correlación que se da entre esos hechos negativos y el ejercicio del poder político; en otras palabras y de manera sencilla, lo “malo” que sucede del gobierno en la sociedad se explica, precisamente, en el marco de la forma de ser de los gobernantes, que son los que generan tanto las circunstancias como la proclividad. Cierto; es un recurso metodológico en el análisis político desarrollado en este espacio, ya que la tendencia común es separar los efectos negativos de sus causas y circunstancias en que suceden, lo cual lleva, al final, a que no logremos una solución de fondo.
Por ejemplo, hechos como las fracturas y confrontaciones que estamos observando en el PRI -decantados en la renuncia del ex presidente municipal y ex diputado local Gabriel Arellano- pretenden ser manejados como aislados y sin mayor trascendencia; si acaso, la respuesta que escuchamos es que se inconformó por no ser el “elegido” para la candidatura a gobernador por ese partido. Sin embargo, el contexto circunstancial y correlativo nos permite ampliar el panorama y percibir de dónde proviene el ambiente que se ha creado en ese partido en Aguascalientes, para, entonces, poder encontrar la proclividad en cuestión. Es aquí, por lo tanto y como ejemplo, que ante una forma de ser y de hacer gobierno que es asumida y manejada por el gobernador de Aguascalientes, al estilo de hace más de 30 años (valga la recurrencia metodológica), lleva a que la dirigencia estatal sea “proclive” a reproducir en su ejercicio partidista la misma figura, forma y estilo de su jefe, generando los problemas señalados en ese partido político (de otra manera, estos hechos no se entenderían ni sucederían).
En este panorama y volviendo al plano inicial, Ayotzinapa junto con otros hechos penosos para la sociedad mexicana pueden ser explicados como efecto de la proclividad del gobierno de la República. De esta manera observamos que, dada la forma de ser y actuar del presidente Enrique Peña y su primer círculo de colaboradores, se ha creado un “ambiente proclive” a que se produzcan determinadas situaciones, como fue la desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa.
En un primer momento, la respuesta del presidente Enrique Peña fue decir que el asunto era de responsabilidad local, no federal. El reduccionismo político manejado desde las esferas del gobierno y de su partido político se manifiestan en dos planos: el primero es acusar, en este triste caso, al PRD de ser responsable por haber llevado a la presidencia municipal de Iguala a José Luis Abarca; el segundo es la pretensión de circunscribir el desenlace de la desaparición de los estudiantes en la colusión de la policía municipal con el grupo de Guerreros Unidos, quienes asesinaron a los jóvenes e incineraron sus cuerpos en el basurero de Cocula.
Otro elemento de proclividad es la inclinación a la “búsqueda de la verdad” y el “castigo para los responsables”, como lo aseguró el secretario de Gobernación en la pasada comparecencia en la Cámara de Senadores (LJ, 30 de septiembre), manifestada como búsqueda de imagen más que de resultados efectivos. No importa lo que diga el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre la imposibilidad de que los estudiantes hayan sido incinerados en el basurero, sobre la probable existencia de droga en uno de los autobuses (que no ha sido aclarado por la PGR, así como tampoco otros puntos señalados), sobre que las fuerzas federales estuvieron presentes en esos sucesos sin haber hecho algo para defender a los estudiantes, sobre que, en fin, no se hizo adecuadamente la investigación para dar con el paradero de los estudiantes; lo que sí importa es presentar ante los legisladores y la sociedad una imagen de “alta responsabilidad” y de “cumplimiento de las obligaciones”.
Consecuentemente, si pudo ocurrir -o sigue ocurriendo- que un gobernador tolere o permita que un presidente municipal, que ya estaba señalado por presunta colusión con la delincuencia organizada, siga en sus funciones; si continúan las ejecuciones en una ciudad como Acapulco, sin que se observe una disminución o intervención efectiva para su remedio; si en otros estados de la república como Tamaulipas, Zacatecas o Jalisco continúa la acción imparable de la delincuencia, podemos concluir que existe un ambiente gubernamental propicio para que sucedan esos hechos.
Significa, por lo tanto, que el problema es delicado; porque si el presidente Peña se autoabsolvió de los casos de corrupción y conflictos de interés, y, por ejemplo, no observamos que se esté haciendo algo útil y oportuno con las denuncias contra la empresa OHL (al contrario, un video muestra que agentes de la PGR “siembran” un arma al abogado que acusó a la empresa de corrupción, y días después le hacen el decomiso de supuesto equipo obsoleto de intervención telefónica), o la propuesta de reforma a la Ley de Obras Públicas es contraria al Sistema Nacional Anticorrupción (México Evalúa, en la red), entonces, el ambiente de proclividad a la corrupción crecerá, con sus efectos.
Dejar, por lo tanto, el asunto de Ayotzinapa circunscrito al ámbito determinado por el gobierno es perder de vista el porqué están sucediendo hechos como éste, y de dónde proviene tal supuesta permisividad; la movilización de la sociedad logrará cambiar la proclividad que están mostrando muchos gobiernos para tener un ambiente sano en el servicio público.
