En los primeros tres años de la administración de Ernesto Zedillo era frecuente escuchar o leer en medios de comunicación acerca de la probabilidad de su renuncia a la Presidencia de la República. Los efectos ambientales de la sublevación Zapatista en Chiapas, del asesinato del candidato del PRI, Luis Donaldo Colosio, del secretario general del partido, Francisco Ruíz Massieu, del llamado “error de diciembre” de 1994 con la previa pérdida de las reservas monetarias del Banco de México y con el consiguiente conflicto con el expresidente Carlos Salinas, etcétera, trajeron al país una cantidad importante de problemas que para el nuevo presidente de la República, Zedillo, se tradujeron en una notable dificultad para ejercer el gobierno.
Fueron años en que la capacidad de liderazgo de Zedillo fue cuestionada, concluyendo con frecuencia que haría un beneficio al país si se retiraba del cargo; el grupo gobernante no acertaba en dar apoyo y coherencia a los esfuerzos para la estabilización del país y su partido político -ante los nuevos aires de la democratización- se debatía entre la “sana distancia” y el uso del llamado “manotazo en la mesa” -supuesto derecho del presidente de la República para solucionar, de golpe, los problemas-.
Las circunstancias cambiaron para Ernesto Zedillo cuando su partido político perdió, en 1997, la mayoría en la Cámara de Diputados y la primera Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. La relación del presidente de la República con los partidos de oposición se convirtió en el factor que le ayudó, paulatinamente, a la reconstrucción y estabilización de la vida del país; no obstante la férrea y ciega disciplina priista, en esta ocasión no funcionó y surgió el desacuerdo con su presidente, que sí se entendió y se apoyó en los legisladores de oposición, logrando una sucesión presidencial pacífica y estable en el año 2000.
Hoy el escenario, por supuesto, no es el mismo que con el presidente Zedillo. El actual presidente de la República, Enrique Peña, llegó al cargo con ventaja “democrática” y de imagen -no obstante las ilicitudes e irregularidades comprobadas y sepultadas por las autoridades electorales-, con un país estable y una economía sólida. Con la ayuda del Pacto por México, ahora desechado y descalificado, llevó a cabo durante los dos primeros años de su administración las reformas constitucionales que parecieron darle al país nuevas oportunidades para el desarrollo.
Sin embargo -teniendo como referencia contextual la manifestación de su incultura personal en la Feria Internacional del Libro de la Universidad de Guadalajara, en noviembre de 2012-, el segundo año de gobierno significó para Enrique Peña, presidente de la República, el tropiezo definitivo de su gestión, una vez que concluyeron las reformas constitucionales y se rompió el pacto con los partidos políticos. Los escándalos de presunta corrupción y conflictos de interés, que no terminan ni se aclaran suficientemente, junto con la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa y su torpe manejo, han llevado el ambiente político nacional al inicio de la sucesión presidencial del año 2018.
Las empresas encuestadoras y las de los medios de comunicación han estado alimentando dos líneas de acción: una, la de poner en el espacio de la opinión pública los nombres de los políticos y los porcentajes de aprobación que tienen los ciudadanos rumbo al 2018; y, la segunda línea, ha consistido en posicionar a Enrique Peña, prácticamente, como encargado del despacho de la Presidencia de la República, en espera de que llegue el siguiente presidente para hacerle entrega del cargo.
¿Cómo podemos observar en la realidad la operación de las dos líneas de acción? En este panorama son varias las encuestas manejadas por los medios de comunicación, como las siguientes: el 2 de agosto pasado, Animal Político informa que “López Obrador es el candidato mejor posicionado para el 2018”; en septiembre 8, el Universal dice que “Despuntan perfiles de partidos para 2018”, AMLO por Morena, Eruviel Ávila por el PRI, Rafael Moreno y Margarita Zavala por el PAN, y Miguel Mancera por el PRD; CNN México, el 8 de septiembre, dice que “López Obrador gana en 7 de 9 escenarios rumbo a 2018”; y el 11 de octubre, el Grupo Reforma da a conocer los resultados de su encuesta con los nombres ya mencionados, más Jaime Rodríguez el Bronco, Miguel Osorio, Manlio Fabio Beltrones y otros (información obtenida en la red).
La segunda línea de acción que aplican los medios nacionales gobiernistas coincide con la estrategia de comunicación política que parece operar la Presidencia de la República: bajar el perfil de la presencia de Enrique Peña en los medios de comunicación y subir la presencia de miembros del gabinete, como pueden ser el secretario de educación pública (con el asunto de la evaluación, los maestros disidentes y la participación de la Policía Federal), de Relaciones Exteriores, de Sagarpa, Hacienda y Crédito Público, de salud con el Chikungunya, de Gobernación -a pesar de la fuga de el Chapo-, etcétera. De esta forma, la presencia de Peña está circunscrita a sus apariciones protocolarias en eventos y a mensajes de contenidos “formales” y no cuestionables, (es decir, una actividad bajada a un segundo plano), buscando con ello el subir los índices de aprobación del presidente y contribuir a mejorarle el ambiente político.
El problema de fondo se puede explicar en dos aspectos: el primero es que todavía faltan tres años para que termine la presente administración (con la pregunta de, entonces ¿quién va a ser el líder del gobierno?); y, el segundo, consiste en que se han mostrado, probado y comprobado las características de la personalidad política de Peña, que, desafortunadamente, no le ayudan mucho a refuncionalizar su gestión presidencial (ya ni su señora Esposa está de su lado).
Consecuentemente, y sin ser una ficción política, la sucesión presidencial está en marcha desde hace ya meses y es una realidad, siéndolo también el que aparece como encargado del despacho de la Presidencia.
