El pasado jueves 22 de octubre, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) anuló la elección de gobernador en el Estado de Colima; es la segunda vez que sucede en ese estado y la tercera en nuestro país, habiendo sido la primera en el estado de Tabasco, hace ya años. También es la segunda anulación de elección dictada por el TEPJF en el presente año 2015, después de la del Distrito I en Aguascalientes, ambas en contra del PRI.
El cuadro que presentan las dos anulaciones es interesante en su consideración porque permite observar elementos diversos de una forma de hacer gobierno, el Sistema PRI de Gobierno (que también ha sido utilizado por gobernantes de otros partidos) que todavía sigue vivo y vigente, reproduciendo las características políticas que se dieron en México durante muchos años. Son características que, no obstante las muchas reformas políticas que las muchas legislaturas del Congreso de la Unión han pretendido superar y dejar atrás, siguen estando presentes todavía.
Es un sistema de gobierno defendido aún por los mismos priistas, quienes manejan una doble personalidad: por un lado, tratando de ubicarse en las nuevas corrientes políticas de modernización gubernamental -dicen “abanderarlas”-, pero, por el otro, se resisten a dejar de utilizar aquellas prácticas de corrupción política que les permitieron “ganar” sobradamente elecciones y conservar el poder. Es interesante el estudio de las reacciones de los priistas ante las dos anulaciones, porque también permiten observar la “sagacidad” que manejan para “no dejarse” arrebatar los supuestos triunfos por partidos oponentes que, según ellos, no están preparados para gobernar.
¿Cómo se puede detectar la astucia política de los priistas? Por el esquema que plantean en su discurso: los magistrados electorales de las diversas salas del TEPJF que participaron en la anulación de las dos elecciones equivocaron sus decisiones; hicieron interpretaciones sesgadas de las leyes y de las pruebas presentadas; los votos de los electores no contaron, por lo que no los respetaron ni los defendieron; el día de la votación no se presentó ningún problema, y los votos fueron contados con toda transparencia por los funcionarios de casilla; por lo tanto, concluyen, la democracia perdió en Aguascalientes y en Colima.
¿Cuál es la diferencia de los métodos utilizados hoy en las elecciones con los anteriores? Inicio con la conclusión: hoy, exponen, ya no se da el fraude electoral, siendo este punto la base de su confusión.
Entonces, ¿cómo era el fraude electoral antes? Cuando el gobierno y el PRI tenían el control de las elecciones, siempre las ganaban, porque el día de la votación ellos recibían los votos y los contaban; los resultados anunciados mostraban las cantidades de votos que beneficiaban, obviamente, a sus candidatos, haciendo los cambios numéricos necesarios para ello.
Ante la demanda de la sociedad mexicana, el gobierno y el PRI inician las reformas electorales en 1978 que, paso a paso, les quitaron el control sobre los procesos electorales; la ciudadanización del proceso electoral, con el IFE, ahora INE, puso la recepción de votos, su conteo y el anuncio de los resultados de actas en manos de los ciudadanos. Este importante paso cerró la época del partido hegemónico en México y pareció terminar con el fraude electoral.
¿A qué recurre ahora el PRI, cayendo en confusión? A la intromisión de sus gobiernos en las campañas electorales, proporcionando bienes útiles a los electores y preparándolos para que el día de la elección den su voto a sus candidatos. Conocemos sobradamente las ofertas de campaña: desde materiales de construcción, hasta bienes alimenticios, y muchas otras cosas, como son los programas sociales. Es necesario decir que también otros partidos, cuando han estado en gobiernos, han caído en la misma tentación, sin embargo, no han superado a sus maestros.
Este mecanismo es el que ahora llamamos “compra de voto”, y que para el PRI no significa fraude: a través de un contacto constante con los ciudadanos electores -desafortunadamente- de niveles económicos bajos (de ahí la utilidad e importancia para el PRI de que sean pobres la mayor cantidad posible de ciudadanos, para poder captarlos en esta dinámica -recordemos que Coneval ha informado que en 2013 y 2014 entraron a este segmento económico dos millones más de personas-), van haciendo el “compromiso” -lista en mano y semana tras semana- de acudir el día de la elección a la casilla para votar por sus candidatos. En esta nueva forma ya no los pueden acusar de hacer fraude, porque los ciudadanos emiten su voto el día de la elección y éste es contado por los mismos ciudadanos, ganando sus candidatos.
Las declaraciones que hemos escuchado de los priistas tanto en Aguascalientes y Colima, como de su dirigencia nacional (conocidas sobradamente a través de los medios de comunicación), manifiestan, por lo general, esta actitud: el no reconocimiento de las violaciones y delitos cometidos, sorpresa por la decisión del TEPJF, búsqueda de los “verdaderos” violadores de la ley para desviar la atención de la opinión pública y la disposición a volver a ganar la elección como sea.
El promocional utilizado en Aguascalientes para la elección en el Distrito I es ilustrador de esta actitud: “Mi voto fue libre, consciente y responsable; ahora que anularon la elección, me dio coraje que no me tomaran en cuenta; no me respetaron; pero no me voy a dejar; defenderé mi voto…”.
Es común percibir estas expresiones como fenómeno de victimización: en su discurso dejan de lado las intromisiones hechas por los dos gobernadores y sus gobiernos -autoexonerándose- para culpar al TEPJF. Las pruebas presentadas en su contra no les son suficientes para la comprobación de los delitos, y, al contrario, intentan desacreditar a los otros: en Colima presentaron ante la Fepade una denuncia contra el candidato panista por, supuestamente, presentar documentos falsos y mentir ante la autoridad electoral.
Estamos en un proceso arduo y difícil de avance democrático.
